Sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones, dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10 imputados del caso Odebrecht que este jueves acudirán ante la Sala Penal de la Suprema corte de Justicia.
Jean Alain Rodríguez dijo que ese riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio, a tal punto que a los 13 imputados presentes, sin excepción, le impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para 8, el arresto domiciliario para 2, así como también garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados.
Manifestó además, que esa sentencia de medidas de coerción dictada por el juez es una prueba del trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso de los sobornos que Odebrecht admitió que pagó.
“Ahora está en manos de los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el grave riesgo de verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados”, asegura.
Profundizan investigación
El procurador reveló que a partir de importantes hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas locales, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional y que para ello cuentan con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público Federal de Brasil, así como también de autoridades de otras naciones europeas y latinoamericanas.
Explicó también el procurador que a través de estas diligencias investigativas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará pruebas adicionales a las que ya posee en contra de los 14 imputados hasta el momento, evidencias estas que hará valer al momento de presentar formal acusación en contra de los mismos y recordó que para esto fue autorizado judicialmente un plazo de 8 meses.
Manifestó que mediante la ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos de US$92 millones de dólares que pagó Odebrecht a funcionarios y legisladores en el país.