El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo condenó ayer a 30 años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de pesos a un exteniente coronel de la Policía Nacional Dominicana, tras encontrarlo culpable de encabezar una red de narcotráfico internacional.
Los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, presidenta; Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Asencio Quezada, miembros, declararon culpable al exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez, de 54 años, de encabezar una red con ramificaciones internacionales que, en el año 2015, introdujo al país nueve maletas con 450 paquetes de cocaína por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
Fue condenado por violar los artículos 5, letra A; 28; 58, literal A; 59, párrafo I; 60; 75, párrafo II; y 85, letras A, B y C de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, que sancionan el tráfico nacional e internacional de narcóticos, en perjuicio del Estado dominicano.
La condena fue dictada tras acoger la solicitud de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Lluberes Sánchez fue hallado culpable de ser el cabecilla de una red de tráfico internacional de drogas. Fue declarado en rebeldía en diciembre de 2019, tras ausentarse del juicio que se le seguía en el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, por su vinculación con la red que introdujo al país el alijo de nueve maletas con 450 paquetes de cocaína.
El exteniente coronel Hans Wender Lluberes Sánchez fue entregado en octubre de 2025 por las autoridades norteamericanas en calidad de deportado, luego de ser arrestado por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), atendiendo a una orden de captura internacional.
El 30 de octubre de 2025, el tribunal levantó la rebeldía e impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombre, en la provincia de San Cristóbal.
La medida de coerción fue recurrida ante la Corte de Apelación, que la varió por prisión domiciliaria con el uso de grilletes electrónicos.
La droga fue decomisada en el AILA el 17 de marzo de 2015, en una aeronave procedente de Venezuela.
En esa fecha, fiscales del departamento judicial de Santo Domingo Este y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron un operativo en el área de parqueo del AILA, donde detuvieron a varios implicados cuando intentaban retirar la droga.
En la acusación se establece que, en ese momento, el único que logró escapar fue el entonces prófugo Hans Wender Lluberes Sánchez, quien posteriormente fue capturado mientras intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
En este caso, el referido tribunal dictó en 2019 condenas de 30, 20, 18 y 5 años de prisión contra nueve implicados en la red que, según la Procuraduría General de la República (PGR), era dirigida por Lluberes Sánchez.
En ese fallo, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo impuso 30 años de prisión a los pilotos venezolanos Francisco Javier Velásquez Tory y Edmundo José Medina Torrealba.
También fueron condenados a 20 años de prisión el exsegundo teniente del Ejército Jesús Elías Pérez Vásquez, el excapitán Roberto Segura Peña y el exagente de la DNCD José Luciano, quien estaba asignado a la terminal aérea.
Asimismo, el tribunal condenó a 18 años de prisión al empleado de Servair, Francisco Javier de Paula Mena, mientras que los venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, quienes figuraban como pasajeros, recibieron penas de cinco años de prisión cada uno.
En ese fallo, el grupo fue hallado culpable de violar varios artículos de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.
Tras la decisión judicial, la Procuraduría General de la República colocó una alerta migratoria contra el exteniente coronel Lluberes Sánchez, quien fue declarado en rebeldía por ausentarse del proceso.
El exoficial habría utilizado múltiples tácticas dilatorias para extender el proceso judicial y evadir la justicia, logrando en la fase de instrucción que la Corte de Apelación le variara la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica, lo que le permitió sustraerse del proceso y huir hacia Estados Unidos, donde permaneció más de seis años.
Finalmente, el tribunal ordenó imponer nuevamente la prisión preventiva ante el riesgo de fuga por la gravedad de la pena, siendo arrestado en la sala de audiencias.
La condena deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombre, en la provincia de San Cristóbal.