SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, Andrés Astacio, depositó este martes 395 evidencias que comprometen directamente a Juan Alexis Medina, Maxi Montilla y Alexander Montilla, hermano y cuñados del expresidente Danilo Medina, respectivamente.
Astacio entregó los cientos de pruebas a la Dirección de Persecución y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) luego de comparecer ante los fiscales este lunes por más de una hora en un interrogatorio que se basó en denuncias de un supuesto desfalco de más de RD$30 mil millones a las empresas de distribución eléctricas dominicanas.
Dentro de las pruebas entregadas a Yeni Berenice Reynoso y a Wilson Camacho están comprometidos también Rubén Bichara, Luis Ernesto De León, Rubén Montás, Radhamés Del Carmen, Julio Cesar Correa, Messin Elías Márquez, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Bernabel Méndez, Miguel Antonio Reyes, Peter Alexis Francisco y Dileisy De Jesús Rivera.
Astacio llegó a la sede de la Procuraduría acompañado de siete abogados que sustentan la acusación que el funcionario ya había anunciado en una rueda de prensa donde informó que “el Estado fue desfalcado”. Al entrar a la oficina de los procuradores, el funcionario destacó que las documentaciones quedan en manos del Ministerio Público para emprender las acciones legales.
Asimismo, Astacio aseguró que con el legajo de pruebas que entregó a las autoridades, los procuradores “están en condiciones” de iniciar cualquier tipo de acción penal o legal contra los exfuncionarios y empresarios mencionados en sus evidencias.
Las pruebas que entregó Astacio junto a sus abogados señalan que Edesur, Edenorte y Edeeste han acumulado “un gran déficit” funcional y operativo que dejó pérdidas “insalvables” producto de supuestos actos de corrupción y alegados manejos fraudulentos de los recursos públicos.
Indicó otras irregularidades detectadas en las empresas distribuidoras de energías eléctricas como son los costos en la venta de materiales, procesos de compras- contrataciones que no cumplieron con los procesos establecidos en la normativa vigente y pagos que no se cumplían con los procesos internos.
Estas 395 evidencias recogen acciones involucradas desde el 2012 hasta el 2020, durante los dos gobiernos de Medina.
Al final de su acusación, Astacio y los abogados piden a los procuradores que soliciten ante un juez prisión para todos los involucrados y un lago de RD$50 mil millones como monto de resarción.