En momentos en que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) lleva a cabo varios casos contra la corrupción, siendo el último de ellos la Operación Medusa, la noticia ofrecida por el Gobierno el incremento de la apropiación a la Procuraduría sirve como un espaldarazo al Ministerio Público.
Dentro de las medidas que se reflejan, está el incremento de la apropiación a la Procuraduría General de la República por RD$1,906.6 millones, los cuales estarán destinados a fortalecer el compromiso del Gobierno de tener un Ministerio Público independiente, profesional, especializado y con recursos.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2021, en el cual se introdujo cambios al total de ingresos, gastos y financiamiento para el presente, producto de la dinámica de las cuentas fiscales observada durante la primera mitad del año y a la evolución de las perspectivas macroeconómicas para el cierre de este.
El Gobierno ha dado todo el apoyo económico necesario al Poder Judicial, para que pueda operar con la mayor eficiencia posible.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ha realizado un trabajo sin “vacas sagradas” ni de funcionarios que laboraron en los anteriores gobiernos, ni de los funcionarios de la actual administración gubernamental.
En reiteradas ocasiones Abinader ha dicho que la democracia en el país se ha ido fortaleciendo con el avance institucional que representa la escogencia de un Ministerio Público políticamente independiente, lo que constituye el cambio más radical de nuestro sistema democrático.
En la actualidad, la justicia dominicana ha ventilado una serie de casos de corrupción que están siendo investigados por el Ministerio Público en diversas zonas del país y otros procesos que vincula a funcionarios dominicanos en delitos en el exterior.
Los casos más sonados del Ministerio Público:
Operación Anti Pulpo, se trata del proceso de investigación que dio con un entramado de corrupción administrativa que permitió a exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros enriquecerse con base en sus vínculos con el poder político.
Operación Caracol: La denominada Operación Caracol, puesta en marcha por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, las autoridades investigan al organismo y a los funcionarios de la pasada gestión que encabezaba Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Operación 13
El Ministerio Público ejecutó la “Operación 13” donde realizó 15 allanamientos y arrestó a varias personas vinculadas a fraude detectado en sorteos de la Lotería Nacional.
Caso EDEs
El Estado Dominicano presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.
Estafa con Tarjetas de Solidaridad
En Monte Plata se lleva a cabo un proceso de investigación por, donde en la sucursal del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), fue descubierto un fraude perpetrado por varios empleados de la entidad por más de RD$8.4 millones, por lo que dos personas se encuentran detenidas y otras tres se encuentran prófugas.
Caso López Pilarte:
El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de la Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de haber ingresado al sistema financiero nacional más de RD$ 2,593 millones de las actividades narcotráfico.
Y el más reciente, la Operación Medusa, el cual el Ministerio Público calificó de un acto criminal que la República Dominicana teniendo un sistema penitenciario en condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, los implicados en la Operación Medusa hayan invertido sin criterio aproximadamente diez mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano.