El Ministerio Público concluyó la presentación de medidas de coerción contra 23 imputados de supuesto narcotráfico y lavado de activos, para quienes solicitó 18 meses de prisión preventiva.
La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Iris Borges aplazó para mañana la audiencia del caso Falcón.
De acuerdo a la acusación, los imputados incurrieron en delitos tipificados como asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.
Una información servida por el Ministerio Público precisó que en el caso del imputado Raúl Antonio Castro Mota, se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, tras el decomiso, al momento de su apresamiento, de un presunto arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad.
Los fiscales informaron que el señalado cabecilla de la presunta red Erick Mosquea Polanco, quien se encuentra prófugo, invertía unos 2,5 millones de dólares a la semana en diferentes actividades ilícitas propias del narcotráfico transnacional y del lavado de activos.
Además, la fiscal Sourelly Jáquez reveló que en el expediente constan interceptaciones telefónicas realizadas a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en los años 2018 y 2019, que verifican que la red pudo sumar a sus vinculados a algunos agentes de esa institución.
Sin embargo, resaltó que el Ministerio Público pudo lograr completar la operación contra la red de lavado «gracias a la participación activa» de la gestión de la DNCD que encabeza el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Según el Ministerio Público, la presunta red de lavado desmantelada manejaba millones de dólares en efectivo, amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad.
Los investigadores estiman que la presunta red traficaba aproximadamente 2,500 kilos de cocaína semanales desde 2012. Las autoridades aseguran que el supuesto entramado tenía como centro de mando y control la provincia de Santiago.
Entre los detenidos figura el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado Castro.
El Ministerio Público también ha imputado a los diputados Nelson Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Héctor Darío Féliz Féliz, del Revolucionario Dominicano (PRD).
La diputada Guerrero, representante de El Seibo, es la esposa de Maldonado Castro.