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JCE admite fallas y destituye al director de Informática

por Informador RD

«Un trago amargo“ resul­tó ser el informe rendido por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las frustra­das elecciones munici­pales de febrero hecho que no solo dejó pérdidas económicas por unos mil millones de pesos, sino daños irreparables al sis­tema político y democrá­tico de la Republica Do­minicana.

A raíz de los hechos, los partidos políticos, principales actores en el proceso, se empecinaron en lanzarse acusaciones de sabotajes e intentos de fraudes, al responsabili­zarse de lo que pasó ese domingo 16 de febrero cuando la Junta Central Electoral (JCE) hubo de suspender los comicios, ya que los primeros re­portes de voto electróni­co reportaron innumera­bles fallas

En esas acusaciones se involucró incluso el Par­tido de la Liberación Do­minicana (PLD), con su presidente, Temístocles Montás, por su lado, y la oposición por el otro, que acusaba al partido oficial.

Pero ayer, el propio presidente de la JCE, Ju­lio César Castaños Guz­mán, dijo que el informe de la OEA es un traba­jo profesional, que pa­ra la Junta constituye un hecho lamentable, “una verdad amarga” que lla­ma a esa institución a re­visarse.

“Lo que dice la OEA es puntal y específico, cuan­do un acontecimiento de esa naturaleza sacude  una institución todos nos tenemos que revisar”, dijo Castaños Guzmán en una rueda de prensa.

El pleno de la JCE canceló ayer al director nacional de Informática, Miguel Ángel García, menos de 24 horas después de dado a conocer el informe de la OEA, en el que establece que las elec­ciones del pasado 16 de febrero fueron suspendi­das por una “mala gestión” efectuada por esa área del ente nacional de comicios.

En un comunicado he­cho público ayer, la Jun­ta dice que inició la imple­mentación de acciones y medidas tendentes a for­talecer los trabajos que de­sarrolla el personal actuan­te de la Dirección Nacional de Informática de ese ente, a raíz de las recomenda­ciones sustentadas y fun­damentadas en el informe de la OEA sobre las causas que impidieron la imple­mentación del voto auto­matizado en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.

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