La interceptación telefónica autorizada por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados dela Instrucción del Distrito Nacional, contribuyó a dar con la red de criminalidad organizada, denominada “Operación Gavilán”.
Se trata del número telefónico 809-719-8799, activado en la prestadora telefónica Viva, activado por el ahora imputado Rubén Darío Morban Santana, le permitió al Ministerio Público comprobar las actividades ilícitas que realizaban para el retiro de fichas y borrar antecedentes penales del sistema.
Se dedicaban a maniobras informáticas fraudulentas para alterar, afectar y dañar los datos contenidos en la base de datos del Sistema de Investigación Criminal (SIC).
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La investigación de la estructura se inició en marzo del 2022 por la Dirección de Persecución del Ministerio Público e integraron la Inspectoría del Ministerio Público.
Los integrantes de la red tenían una organización criminal a nivel nacional, que integraban fiscales, miembros de la Policía, empleados de la Dirección de Migración y de la Procuraduría general de la República.
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Las fiscalías del Distrito Nacional, Monseñor Noel, Santo Domingo Este, La Romana, Monte Plata, Independencia, Barahona, Elías Piña, Higüey , entre otras figuran entre las dependencias que formaron parte de la red para el retiro de fichas y antecedentes penales.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción depositada la madrigada del jueves los fiscales Surelly Jaquez y Andrés Mena depositaron ante el Tribunal de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción en contra de los doce acusados en la operación Gavilán.
Los antecedentes penales borrados guardan relación con diversos delitos, como el narcotráfico, sicariato, asesinatos, robos, homicidios, violaciones sexuales, violencia de género, adulteración de alcohol y secuestro, según las autoridades.
La solicitud de medida de coerción contra los involucrados en el caso Gavilán consta de más de 300 páginas y más de 100 elementos de pruebas, según los fiscales.
La red se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.