La termoeléctrica Punta Catalina, adjudicada mediante contrato del 14 de abril de 2014 al consorcio local Ingeniería Estrella, representada por el ingeniero Manuel Estrella, fue contratada por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por un monto de 2,010 millones 744 mil 751.91 dólares, en esta adjudicación los fiscales sostienen que fue por sobornos.
Los sobornos incluyen acueducto de la Línea Noroeste (2002), la hidroeléctrica de Pinalito (2002), hidroeléctrica de Palomino (2005), acueducto de Samaná (2005), acueducto de Hermanas Mirabal (2010), carretera de Casabito (2007), la Autopista del Coral (2008), Corredor Duarte (2009), carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar (2010), carretera El Río-Jarabacoa (2010), Corredor Duarte Dos (2011), Circunsvalación de La Romana (2012), carretera Ciabao-Sur (2012), Eco vías de Santiago (2012), y Bulevar Turístico del Este (2012).
Rondón era la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícito en la adjudicación de estas obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana, con una participación activa.
En los interrogatorios practicados en Brasil por Marcelo Odebrecht, Rondón fue contratado por la constructora para realizar trabajos de lobismo en el Poder Legislativo, a fin de lograr la aprobación de los préstamos para la realización de las obras.
Esas declaraciones fueron corroboradas por los testigos brasileños Ernesto Sá Viera Balardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, exjecutivos de Odebrecht.
La actuación de Rondón se verificaba tanto en la contratación de compañía como en la aprobación de la financiación por el Congreso y luego la liberación de los pagos, estableciendo la empresa una exclusividad con el imputado, para que no actuara en favor de los competidores.
El expediente sometido por la Procuraduría General de la República, señala que 17 obras construidas por la empresa brasileña, incluida la termoeléctrica de Punta Catalina, fueron adjudicadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial, imputado Ángel Rondón Rijo, a funcionarios de República Dominicana, utilizando una estructura corporativa de empresas offshore, pertenecientes al acusado y a la empresa Norberto Odebrecht.