Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, fue dictada la prisión preventiva por 18 meses en contra de cinco imputados de la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada la pasada semana con la Operación Gavilán.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, resaltó que como solicitó el Ministerio Público se declaró la complejidad del proceso y se impuso la prisión preventiva por 18 meses a los imputados
“En el día de hoy se ha concluido con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del proceso conocido como Operación Gavilán. El Ministerio Público había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16,000 casos en la base de datos del Ministerio Público”, explicó Reynoso.
Añadió “habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad, y el juez así lo acogió, dictando, primero la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo. Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargos de parte del Ministerio Público, y en ese sentido, dictó 18 meses de prisión preventiva a estas cinco personas en distintos centros, por ejemplo, uno en el CCR San Pedro, otros tres en Najayo y otro en Najayo 17”, detalló Reynoso.
En ese mismo orden, expresó que “los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida a aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unidos también a cinco personas más, en total siete personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción”.
Dijo que para la continuidad del proceso y de la investigación es evidente que el Ministerio Público va continuar profundizándola, no solo con respecto a las personas a las que le han solicitado medidas de coerción, sino, aquellos, como algunos fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medida de coerción en esta primera etapa para el proceso.
“En la gestión de la señora procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles, en este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa, en un caso en el que, lamentablemente, personal al que se le otorgó la confianza y tenían la obligación de proteger y gestionar la base de datos del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron una estructura criminal a cambio de soborno en una operación típica del lavado de activos retirar o adulterar más de 16,000 registros”.
En torno a la investigación, reiteró que hay varios fiscales que están bajo investigación. “Ustedes saben que el Ministerio Público no acostumbra a dar nombres hasta que no hace la imputación preliminar de cargos, pero en su momento, igual que todo, porque el tratamiento que le estamos dando, como es nuestra obligación Constitucional, es, sea de adentro, de la casa, como es este caso, sea de afuera, nuestra obligación es únicamente con la Constitución y con las leyes”, enfatizó al responder preguntas de la prensa luego que se diera a conocer la decisión del tribunal.