SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este miércoles la medida de coerción contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez De Aza; a la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, acusados de desfalco al Estado, lavado de activos, testaferrato, falsedad en declaraciones juradas y violaciones al Código Penal Dominicano.
Así como también las personales morales: Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
El Ministerio Público solicita un año de prisión a los imputados y declaración compleja del caso acorde a lo establecido en la ley 72-02, artículo 226 y artículo 369 del Código Penal Dominicano.
De acuerdo al Ministerio Público los seis imputados de la llamada “Operación Coral”, crearon un entramado militar-policial, societario y religioso, para granjearse una aceptación social a través de dádivas que no representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos tres mil millones de pesos que obtuvo el entramado.
Según la acusación del MP, los imputados utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
Crearon una empresa para adquirir bienes, pero que no presenta operaciones, porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas productos de acciones delictivas.
También, según la acusación “utilizaron organizaciones religiosas como escudo, en una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias, a través de objetivos nobles, manifestaciones que se repiten desde la Italia marcada por la mafia, como la colombiana golpeada por el narcotráfico y el México de hoy que libra una batalla contra el crimen organizado”.
“Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90 % de lo cobrado cada mes para ser distribuido entre los miembros de la organización”, según el documento.
Agentes PN implicados
Arroja la investigación que “cientos policías y militares se colocaban de manera fraudulenta en la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y la del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), cobrando en promedio, entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, recibían un porciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos, por igual se distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia”.