SANTO DOMINGO. – El ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bicharan, se desligó este viernes de las acusaciones en su contra de participar presuntamente junto a una serie de cómplices en un fraude de US$488,000,000.00.
Asimismo, Jiménez Bichara catalogó dichas acusaciones como “absoluto abuso y un atropello total” a su nombre y gestión al frente de la CDEE.
“Han circulado informaciones por varios medios sobre estas acusaciones lo que me impulsa a aclarar de manera preliminar y general que, en ocasión de mi cargo en la CDEEE, no tuve participación alguna en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas señaladas, también me ha señalado como “líder de una estructura mafiosa” y “orquestador de maniobras para defraudar el Estado”, afirmaciones que son un absoluto abuso, un total atropello a mi nombre y a la gestión que desempeñé como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE durante el período del 2012 al 2020”, precisa el exfuncionario mediante un comunicado de prensa.
En dicho escrito, precisa que la CDEEE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de los procesos de compras y contrataciones de dichas empresas, tampoco en identificación de necesidades de compra, ya que dichos procesos lo realizaban de manera autónoma como parte de sus funciones operativas.
Asimismo, en cuanto a la abordado sobre supuestos “procesos de compras fraudulentos desarrollados por la CDEEE con financiamientos otorgados por los organismos internacionales”, y un supuesto entramado para beneficiar con estos fondos de financiamiento público a empresas y/o personas determinadas, aclaró que la CDEEE, en sus funciones legales, gestiona el “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas” y cuya ejecución se realiza mediante financiamientos provenientes de los organismos multilaterales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
Anidó que dichos organismos exigen al Estado dominicano la instalación de una Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), cuya funcion principal es ejectuar los proyectos desarrollados con apoyo de dichos financiamientos, a través de la cual son recibidos, evaluados y ejecutados los proyectos especiales que las EDE someten para fines de financiamiento, por ende, enfatizó que las imputaciones presentadas en la referida querella son “absolutamente falsas”.
Agregó que tiene gran interés de aportar las evidencias pertinentes para el ejercicio de su defensa, por lo que se pone a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos, al tiempo que solicitó un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez.
Añadió que “como ciudadano y exfuncionario público es mi obligación acudir a cuantos requerimientos me sean formulados por las entidades competentes y así me comprometo a hacerlo”.