Santo Domingo.- Al menos 104 muertes violentas se registraron en República Dominicana entre enero y abril, de estas 50 homicidios, cifras que hoy explican la inseguridad de los nacionales, quienes evitan sobre todo las salidas nocturnas.
Estadísticas oficiales precisan que los homicidios estuvieron relacionados con atracos, disputas personales y trifulcas entre bandas.
Del total de muertes en circunstancias «brutales», 35 se debieron a intercambios de disparos, principalmente de individuos que se enfrentaron a agentes de la policía nacional mientras intentaban detenerlos por hechos delictivos.
Además, se agregan 17 feminicidios y el asesinato de dos hombres por sus parejas, de acuerdo con la policía.
Aunque las autoridades refieren que la cifra de homicidios es inferior a la registrada en igual período de 2023, la violencia en todas sus manifestaciones constituye una de las mayores preocupaciones para residentes y visitantes, sobre todo cuando termina en la pérdida de vidas humanas.
La mayoría de los homicidios ocurridos en República Dominicana son por conflictos sociales seguido por actos delictivos, de acuerdo con un informe presentado en marzo por el Gobierno como parte del Plan de Seguridad Ciudadana.
El ejecutivo anunció este año la decisión de involucrar a miembros de las comunidades en un plan dirigido por los Ministerios de Interior y Policía y el Público para que sirvan como mediadores ante la ocurrencia de enfrentamientos menores en sus localidades.
De acuerdo con el Gobierno, la estrategia busca crear una «red de líderes mediadores» en los sectores donde los asesinatos por conflictos sociales registren las cifras más altas.
El expresidente de la República y candidato a la misma posición por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó a la administración de Luis Abinader de ocultar números reales de los casos de homicidios que se comenten en el país.
Fernández sostuvo en el debate presidencial del 24 de abril pasado que las estadísticas «se manipulan» y ahora está pasando con los homicidios, afirmación que fue rechazada de inmediato por el ministro de la Presidencia, Joel Santos.