Los documentos falsos fueron detectados mediante operaciones hechas por la institución, en conjunto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y, adicionalmente, haciendo uso de los registros de archivos de la Policía Nacional.
“Luego de ser depurados los datos no coinciden con el nombre del propietario, así se detecta que el documento ha sido adulterado”, explicó Jiménez.
Los crímenes de falsificaciones son enviados al departamento de falsificaciones de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.
Mientras que los imputados son sometidos a la justicia, donde el Ministerio Público se encarga de solicitar las medidas de coerción correspondientes.
Por su lado, los jueces dictan sentencias a arrestos domiciliarios, prisiones preventivas, garantías económicas y otras resoluciones judiciales. “Se les da seguimiento a las depuraciones y a los delitos que se detectan para luego procesarlos y enviarlos a la fiscalía para que sea un juez que decida el destino con la sanción que se les impondrá”, dijo.