El Ministerio Público informó este domingo que amplió las investigaciones que por obstrucción de la justicia inició contra la actual Cámara de Cuentas tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.
Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
“Las investigaciones han establecido que en la Cámara de Cuentas se alteraron múltiples auditorías para beneficiar a exfuncionarios de dependencias oficiales que eran examinadas”, informó la Procuraduría General mediante un comunicado este domingo.
Las investigaciones que lideran la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas, así como a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la Consultoría Jurídica y la Dirección de Auditoría.
Álvarez Pérez fue citado para las 2:00 de la tarde, y el miembro y secretario Tejada Díaz, para las 5:00, ambos investigados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza Wilson Camacho.
Los funcionarios fueron citados “a los fines de que declaren respecto a informaciones que posee el Ministerio Público sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”, detalló la Procuraduría General en un comunicado.
En diciembre, el Pepca remitió reiteradas comunicaciones en las que solicitó información a la Cámara de Cuentas. Sin embargo, sus miembros “han respondido con evasivas, teniendo además el Ministerio Público evidencias de que los mismos han incurrido en manejos irregulares, para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las indagatorias”, reveló la procuraduría entonces.
Añade que esta actitud de quienes integran la entidad superior externa de control fiscal de los recursos públicos “se constituye en obstrucción a la justicia y los convierte en objeto de investigación”.
La obstrucción de justicia está definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que establece la obligación de los funcionarios públicos a ofrecer la información requerida, cuya desobediencia se castiga según indica el artículo 188 del Código Penal Dominicano.
El citado artículo señala: “La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes o delegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, que requieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública, para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima”.