SANTO DOMINGO.- Más de 4,300 autorizaciones médicas irregulares por un monto superior a RD$40 millones forman parte de la nueva línea de investigación del Ministerio Público contra un grupo de médicos, exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y otras personas, a quienes atribuye un esquema en el que se habrían facturado consultas y procedimientos que los afiliados no solicitaron ni recibieron.
Según la investigación del Ministerio Público, una vez SeNaSa realizaba los pagos a los médicos involucrados, estos presuntamente entregaban entre un 40 % y un 60 % del dinero cobrado a integrantes de la estructura investigada, mediante efectivo o transferencias bancarias.
A partir de esta línea investigativa, denominada Operación Cobra 2.0-A, el Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas de las 28 arrestadas durante los operativos, además de que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz explicó que esta constituye una nueva línea dentro de la investigación sobre el presunto fraude contra la ARS estatal y afirmó que se trata de la tercera operación relacionada con fondos que, según el órgano acusador, habrían sido sustraídos de SeNaSa.
“Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”, declaró Ortiz al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La procuradora de corte indicó que entre los 25 imputados figuran médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y otros individuos que, de acuerdo con la investigación, se habrían coludido para defraudar recursos públicos.
El expediente, de unas 525 páginas, incluye como imputados a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
37 allanamientos en cinco demarcaciones
La Operación Cobra 2.0-A fue ejecutada el viernes mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Durante las acciones fueron arrestadas 28 personas, entre ellas médicos, exempleados de SeNaSa y otros vinculados al sector salud.
En el operativo participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon dinero en efectivo, vehículos, bienes y armas de fuego, de acuerdo con el Ministerio Público.
Esta fase da continuidad a la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual fueron procesados el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados.
A los procesados de la investigación principal el Ministerio Público les atribuye, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
La conexión con el caso Onco14
La investigación también tiene una línea relacionada con la Operación Onco14, ejecutada en junio contra una estructura que, según el Ministerio Público, habría realizado maniobras fraudulentas mediante el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, afectando al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y al propio SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones vinculadas a la auditoría del patronato.
Tras el depósito de la solicitud, corresponde al tribunal fijar la fecha para conocer las medidas de coerción. Mirna Ortiz indicó que las investigaciones permanecen abiertas y que el Ministerio Público no descarta que puedan surgir nuevas personas vinculadas al proceso.
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