La notificación fue hecha por el inversor Michael Lee-Chin, de nacionalidad jamiquina, quien sostiene que con las acciones del gobierno dominicano sobre sus inversiones, se violó el Anexo III del Acuerdo de Libre Comercio CARICOM, por lo que reclamó 300 millones de dólares como arreglo para evitar ir a un arbitraje internacional.
El acto habría sido notificado al presidente Danilo Medina, al procurador general de la República, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y a la Contraloría General a través de la oficina de abogados Hogan Lovells LLP de EE.UU, con sede en Miami, Florida, representada por Richard C. Lorenzo.
En el reclamo, los abogados señalan que debido a violaciones evidentes y flagrantes del Estado de sus obligaciones del Tratado, el inversor ha sufrido y daños económicos y morales significativos, por lo que el Estado debe rendir cuentas.
Agrega que buscarán una compensación completa por las pérdidas y otras lesiones sufridas como resultado de las violaciones del Estado, y reclamará una cantidad de daños estimados en US$300 millones, excluyendo los intereses, costos y otras compensaciones. Advierten que si en un plazo de tres meses tras la notificación del aviso de controversia el Estado dominicano no expresa su buena voluntad para resolver el conflicto, el inversor se reserva el derecho de solicitar un arbitraje internacional como lo dispone el Tratado de Libre Comercio con Caricom del que Jamaica es miembro.
Señala que la inversión de Lee-Chin se hizo mediante la compra de acciones en Lajun Corporación, SRL, una empresa debidamente constituida en la República Dominicana, la adquisición de aproximadamente 875.000 metros cuadrados de terreno para ser utilizado como un vertedero sanitario de Duquesa.
Explica que los accionistas de Lajun son un 50% Nagelo Enterprises, SA, una entidad de Panamá, y el 50% Wilkison Company, SRL, una entidad Dominicana. Nagelo Enterprises, SA y Wilkinson Company, SRL poseen el título del terreno.
Exponen que desde 2013 el inversionista ha realizado numerosas e importantes inversiones en el Estado en relación con una operación de gestión de residuos, pero pocos días después el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte dio por terminado unilateralmente el funcionamiento de Lajun con la ayuda de los militares, tomando por la fuerza la posesión de la tierra y haciéndose cargo de la gestión del vertedero.
Explica que tras un acuerdo en 2014, el Ayuntamiento devolvió la propiedad del terreno a Lajun y la operación del relleno sanitario, pero que tras tres años de operación sin revisar la tarifa de vertido como establecía el acuerdo, fue objeto de una nueva expropiación ilegal por funcionarios del Estado empleando militares.