Cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció la semana pasada que exigiría a quienes buscan una tarjeta de residencia permanente que presenten la solicitud desde sus países de origen en lugar de hacerlo en Estados Unidos, el teléfono de la abogada de inmigración Flavia Santos Lloyd no dejó de sonar, con llamadas de clientes preocupados por cómo podría afectarles.
Lloyd no estaba segura de qué decirles, pero sabía que la confusa nueva política ralentizaría las solicitudes.
“Tiene un efecto paralizante porque tenemos algunos casos con los que íbamos a seguir adelante y ya veo que deberíamos esperar y ver qué ocurre”, explicó Lloyd.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció el viernes que los extranjeros en Estados Unidos que quieran una “green card”, como se conoce el permiso de residencia, tendrán que salir del país y solicitarla en su país de origen, salvo algunas excepciones no especificadas.
El anuncio, que potencialmente afecta a cientos de miles de solicitantes de “green card” al año, es la más reciente medida política migratoria del gobierno de Trump que sorprende y desconcierta a abogados, defensores e inmigrantes. También forma parte de un giro del gobierno para apuntar a las vías legales de inmigración, después de centrarse desde el año pasado principalmente en los migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal.
El abogado de inmigración Charles Kuck señaló que “esto es simplemente un intento de tratar de limitar y asustar a la gente para que se aleje del proceso de inmigración legal”, y añadió que esperaba acciones legales contra el cambio. “Esto es una táctica de intimidación”.
Mientras inmigrantes preocupados y sus empleadores inundan las oficinas de abogados de inmigración con preguntas, no está claro cuál será el efecto, qué excepciones podrían permitirse y cómo se aplicará la política en la práctica.
Algunos solicitantes de la “green card” ya habían enfrentado preguntas sobre por qué se les debería permitir solicitarla desde Estados Unidos.
Implementación confusa de la nueva política
Durante más de medio siglo, los extranjeros con estatus legal han podido solicitar y completar el proceso de residencia permanente en Estados Unidos, incluidas personas casadas con ciudadanos estadounidenses, titulares de visas de trabajo y de estudiante, y refugiados y solicitantes de asilo político, entre otros.
Eso pareció cambiar de forma repentina el viernes, cuando el USCIS anunció el cambio en su sitio web.
“De ahora en adelante, un extranjero que esté en Estados Unidos temporalmente y quiera una green card debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”, indicó la agencia.
El USCIS también emitió un memorando más detallado concebido como guía para su personal, que decide estos casos. Expertos en inmigración que intentaban interpretar la noticia dijeron que el memorando tenía más matices, lo que generó confusión sobre lo que realmente implicaba el cambio.
En respuesta a preguntas de The Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que el cambio no impediría que nadie que “legítima y adecuadamente” califique obtenga una “green card”, aunque hará que algunas personas tengan que solicitarla en el extranjero con el Departamento de Estado. La agencia señaló que la política no tendría “ningún impacto perceptible en solicitantes altamente calificados y profesionales especializados que han seguido la ley”.
Boundless Immigration, una firma de abogados de inmigración, comentó en blog en su sitio web que se estaba indicando a los funcionarios que aplicaran “los estándares discrecionales existentes con mayor rigor”, pero la firma entendía que la política no detenía por completo el proceso de ajuste de estatus para “solicitantes elegibles”, dependiendo de la categoría de visa que tuvieran.
La empresa citó memorandos de política anteriores sobre la adquisición de la ciudadanía que no habían provocado medidas más severas en la práctica.
Firmas y defensores de inmigración intentan determinar a quién afectará
Shev Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que la guía podría estar dirigida a personas que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, como el padre de un ciudadano estadounidense que permaneció después de que venció una visa, un empleado de una empresa que fue transferido a Estados Unidos o personas en el país con visas específicas para clérigos y otros trabajadores religiosos.
“Parece que quizá a quienes están apuntando es potencialmente a aquellos cuyo periodo de estancia venció mientras estaban aquí”, indicó Dalal-Dheini.
Kevin Miner, socio del bufete de inmigración Fragomen, dijo que esperaba que las personas con visas basadas en empleo, como las H-1B, quedaran exentas. Estas visas, conocidas como de “doble intención”, permiten que personas con visas de no inmigrante en Estados Unidos soliciten una “green card”. Esas visas de doble intención se mencionaron específicamente en el memorando como áreas de posible excepción.
“Esos probablemente son casos que seguirán como de costumbre y no veremos un impacto significativo”, afirmó Miner, quien dijo que el anuncio del viernes tomó a la gente por sorpresa.
Matthew Soerens, director en Estados Unidos de movilización de iglesias para World Relief, una organización que ayuda a reasentar refugiados en Estados Unidos, dijo que la mención en el memorando sobre casos en los que los inmigrantes tienen que ajustar su situación en Estados Unidos le da a la organización “esperanza” y “expectativa” de que la guía no se aplique a los refugiados.
Los refugiados son personas que huyen de su país de origen y que cumplen un conjunto específico de criterios para ser admitidas en Estados Unidos tras un prolongado proceso de verificación. Están obligados a tramitar la “green card” un año después de llegar a Estados Unidos y no pueden regresar a su país por los riesgos que enfrentarían allí, explicó Soerens.
AP
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