El ex ministro de administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta dijo hoy que la decisión del Ministerio Público y e los abogados del Estado de apelar el Auto de No Ha Lugar que ya demostró la ausencia total de pruebas en su contra y que dejó claro que no existe un solo elemento capaz de generar una duda razonable sobre su conducta, no responde a un criterio jurídico, sino a la insistencia de prolongar una narrativa de descalificación política.
“Un recurso legal no puede cambiar la realidad: tras más de tres años de escrutinio, un tribunal de la República confirmó que la acusación en mi contra carece de sustento real”.
Manifestó que la decisión de salir a los medios, “no la doy solo por la defensa de mi nombre y el de mi familia, sino como un acto de responsabilidad ciudadana. Seguiré dando la cara, con la frente en alto y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose por encima de cualquier agenda política”.
Dijo que siempre mantuvo su disposición de debatir en los tribunales, bajo las reglas del debido proceso. Sin embargo, cuando la justicia se instrumentaliza para la persecución política, el silencio deja de ser una opción.
“Creemos en la justicia, en el respeto sagrado al debido proceso y en el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por esta razón, ante el intento de mantener vivo un relato falso y fabricado, he decidido llevar la verdad ante la opinión pública. En los próximos días, mostraré al país, con absoluta transparencia, los documentos, las contradicciones y las evidencias que demuestran cómo se construyó este expediente”.
Indicó que no deja de llamar la atención que, tras años de investigación, ni mi gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia ni las actuaciones de esa institución pudieron ser vinculadas a ninguna irregularidad y mucho menos pudieron ser vinculadas a los hechos que dieron origen a este proceso, sencillamente porque nunca existieron elementos que sustentaran tal acusación.
“Es lamentable que en nuestro país se utilice la justicia como un arma política, una grave distorsión institucional que coincide con experiencias internacionales, demostrando que cuando los procesos judiciales se apartan de las pruebas y se convierten en vehículos de presión, no solo se afecta a una persona, sino también la confianza en el Estado de derecho”.
Frente a la decisión de los abogados del Estado y el Ministerio Público de recurrir el Auto de No ha Lugar» emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, comparto con el país su postura firme y transparente.
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