La jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, fijó para el 5 de mayo a las 2:00 de la tarde el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 por parte de un testigo vinculado a la red de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), conocida como “Cobra”.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, acusado de soborno, concusión de funcionario y presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.
La audiencia fue fijada luego de que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declararan inadmisible la recusación presentada contra la magistrada Muñiz, al considerar que fue depositada fuera del plazo legal establecido.
Los magistrados adoptaron esta decisión tras verificar que los abogados de la defensa presentaron la recusación fuera del plazo de tres días que establece el Código Procesal Penal.
Cabe recordar que la magistrada Muñiz fue recusada el pasado 10 de abril, durante el conocimiento inicial de la solicitud de medida de coerción. El expediente fue remitido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); sin embargo, los jueces de esa alta corte se declararon incompetentes y enviaron el caso a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encabezada por Julio César Cano Alfau, para convocar a los magistrados no recusados.
Detalles de los hechos
De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Durante el encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre vínculos personales y propiedades para ejercer presión.
Según el expediente, el fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de dinero. La solicitud inicial fue de US$200,000, monto que luego habría reducido a US$150,000 tras una negociación.
Además, habría mostrado interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y exigido la entrega de un vehículo Mercedes-Benz 350 o 450, color negro, rechazando opciones más económicas.
El imputado también habría ejercido presión mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el procurador fiscal se dedicaba a recibir sobornos a cambio de manipular investigaciones bajo su responsabilidad.
En ese contexto, solicita prisión preventiva contra el imputado, acusado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso SeNaSa, denominado “Cobra”.
Canaán Acta también figura como testigo en el caso que involucra al exdirector Santiago Hazim, actualmente detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, imputado de presuntas irregularidades durante su gestión.
