SANTO DOMINGO.- Médicos, prestadores de servicios de salud, exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y otras personas son señalados por el Ministerio Público de actuar en coordinación para defraudar a la ARS estatal, en una investigación que cuantifica en más de RD$40 millones la presunta sustracción de fondos en esta nueva fase del caso.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva contra 25 de las 28 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A, además de pedir que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
De acuerdo con el órgano acusador, la investigación apunta a una estructura en la que habrían participado personas vinculadas al sector salud para afectar recursos públicos de SeNaSa. Ortiz sostuvo que esta constituye la tercera operación relacionada con fondos que, según la investigación, habrían sido sustraídos de la ARS estatal.
“Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”, declaró la procuradora de corte a periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ortiz explicó que entre los 25 solicitados figuran médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y otros individuos que, según el Ministerio Público, se habrían coludido para cometer la presunta estafa.
El expediente, de unas 525 páginas, incluye como imputados a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
37 allanamientos
La Operación Cobra 2.0-A fue ejecutada el viernes mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Durante las acciones fueron arrestadas 28 personas, entre ellas médicos, exempleados de SeNaSa y otros vinculados al sector salud.
En los operativos participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Según el órgano acusador, durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, bienes y armas de fuego.
Una nueva fase del caso SeNaSa
Esta fase da continuidad a la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público procesó al exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros imputados.
A los procesados de la investigación principal el Ministerio Público les atribuye, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que durante las investigaciones ha recabado evidencias sobre presuntos sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales que, según su tesis, habrían sido utilizados para distraer recursos de la ARS pública.
Investigación también alcanza a Onco14
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso SeNaSa, el Ministerio Público también ha vinculado el proceso con la Operación Onco14, ejecutada en junio pasado contra una estructura que, según el órgano acusador, habría realizado maniobras fraudulentas utilizando al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
El caso habría afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y al propio SeNaSa.
Por esta investigación fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones vinculadas a la auditoría del patronato.
Tras el depósito de la solicitud de medida de coerción, corresponde al tribunal fijar la fecha para conocer la audiencia. Ortiz indicó que las investigaciones permanecen abiertas y que el Ministerio Público podría incorporar a otras personas al proceso.
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