SANTO DOMINGO.- Aunque reconoció las facultades reglamentarias de la Junta Central Electoral (JCE), el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, consideró que ese organismo debió consultar con los partidos políticos antes de tomar la decisión de suspender las actividades proselitistas.
Aseguró que el pleno de la JCE está sentando un precedente incorrecto, porque durante siete años como delegado político (1994-2001), por lo regular ese organismo a la hora de adoptar una decisión de tal importancia la analizaba con los partidos.
Esa dijo, era la forma de conducirse de todas las juntas electorales que ha tenido el país.
“Esta Junta, y no lo ignoran Julio César Castaños Guzmán ni Rosario Graciano, que ya han tenido experiencia en la JCE, y creo que ahí se está sentando un precedente que no es el correcto”, afirmó.
Manifestó que desde el año 1962 a la fecha, el país solo ha tenido dos leyes electorales, la 5884 y la 275-97, por lo que entiende debe retomarse la antigua forma de proceder.
“Yo creo que la JCE, sin ánimo de cuestionar, debió esperar cuál iba a ser el resultado de la Ley de Partidos, porque fue la misma Junta la que reintrodujo casi cuatro meses la Ley de Partidos por el Senado, que conoció ese instrumento y lo aprobó y está en la fase final en la Cámara de Diputados”, precisó.
A su juicio, debió aguardar por el destino de la Ley de Partidos o que por lo menos concluyera esta legislatura a finales de julio antes de adoptar esa prohibición.
El pasado miércoles, el pleno de la JCE dio un plazo de cinco días a los aspirantes para que suspendan sus actividades proselitistas, por considerar que transgreden las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales, así como las disposiciones reglamentaria y estatutaria de los partidos.
La suspensión abarca todas las actividades proselitistas que incluyan: movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en los medios de comunicación, utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos.
La medida incluye además el uso de altoparlantes que emitan consignas alusivas a las aspiraciones personales.