Quito/Guayaquil (EFE).- El asesinato del fiscal César Suárez, que estaba inmerso en la investigación de la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), hizo trizas este miércoles la sensación de tensa calma con la que los ecuatorianos trataban de recuperar la normalidad tras la oleada de violencia, atentados, secuestros y motines de la pasada semana.
Fueron cerca de una veintena de disparos los que impactaron según testigos en el automóvil en el que circulaba en a primera hora de la tarde de este miércoles Suárez, un conocido fiscal por haber asumido casos de corrupción en hospitales durante la pandemia de la covid-19 y ahora también el episodio más violentos de la serie de acciones violentas acontecidas el 9 de enero en varias zonas del país.
Hacía pocos días había interrogado a los 13 detenidos que irrumpieron armados en los estudios del canal TC Televisión y que mantuvieron durante varias horas secuestrados a sus trabajadores durante una emisión en vivo, en un acto que la Policía atribuyó a la banda criminal ‘Los Choneros’.
Pese al delicado caso, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el magistrado había denunciado esta misma que no contaba con resguardo policial. La Fiscalía reconoció que en el momento del atentado no tenía escolta porque la audiencia que tendría sería telemática, aunque sí contaba normalmente con resguardo.
“Lo han vendido”
La ausencia de escoltas para Suárez fue confirmada a EFE por un familiar del asesinado en las puertas de la morgue de Guayaquil, a donde fue trasladado el cuerpo tras permanecer cerca de una hora postrado y rodeado de sangre dentro del vehículo.
“Lo han vendido”, llegó a aseverar la pariente de Suárez, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, si bien señaló que lo hicieron salir de casa con una llamada aparentemente inesperada para que se dirigiese a un lugar que no quiso revelar.
En ese traslado fue perseguido por otro automóvil desde donde le dispararon a corta distancia y que luego aparentemente apareció incinerado en otra parte de la ciudad. José Serrano, exministro del Interior durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), señaló en redes sociales que Suárez había solicitado información sobre el entorno de José Adolfo Macías Villamar ‘Fito’, el líder de ‘Los Choneros’ fugado en circunstancias aún no esclarecidas de la Cárcel Regional de Guayaquil.
Acto seguido la Fiscalía anunció que abriría una investigación a Serrano por presunta revelación de información reservada, a lo que este insistió con que respondió que “urge investigación para determinar quién filtró información requerida por fiscal Suárez a los delincuentes que lo mandaron a matar».
Golpe en medio de “guerra interna”
Si bien desde el año anterior se habían recrudecido los atentados del crimen organizado contra jueces, fiscales, políticos y autoridades locales, como el asesinato de Fernando Villavicencio en agosto pasado, este se produce en mitad de la “guerra interna» declarada por el Gobierno a las bandas criminales y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los funcionarios de justicia en este contexto.
Ya en la víspera mismo había sido asesinado también un funcionario de prisiones en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
El asesinato de Suárez tomó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Miami (Estados Unidos), a donde acudió a conocer a su tercer hijo, nacido horas antes.
Gobierno y Fiscalía manifiestan firmeza Por eso fueron los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y de Interior y Gobierno, Mónica Palencia, quienes manifestaron en nombre del Gobierno el pesar por el mortal atentado contra Suárez y ratificó su compromiso de apoyar a la administración de justicia en el marco de la “guerra interna” que lleva adelante contra el crimen organizado transnacional.
Esta declaratoria se realizó tras la escalada de violencia vivida la semana pasada, donde además del asalto al canal de televisión se registraron secuestros de policías, asesinatos de al menos ocho personas, artefactos explosivos, vehículos incendiados y motines en siete cárceles con 200 rehenes ya liberados y de las que se escaparon al menos cerca de 90 reclusos.
Los hechos se suscitaron en un momento en que Noboa se disponía a poner en marcha su plan de “mano dura” para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por estas bandas del crimen organizado donde, desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Pese a que la situación se había calmado y los ecuatorianos buscaban recuperar la normalidad, la violencia volvió este miércoles con el asesinato del fiscal César Suárez, lo que en palabras de la fiscal general, Diana Salazar, no detendrá la lucha de la justicia contra la delincuencia organizada.