El Ministerio Público solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva contra 25 de las personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones sobre el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por un equipo de fiscales encabezado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de hechos, víctimas y personas presuntamente involucradas, así como por las características de delincuencia organizada que atribuye al caso.
De acuerdo con la línea de investigación presentada por el órgano acusador, se ha cuantificado una sustracción superior a RD$40 millones en esta fase del proceso. La investigación vincula a médicos, prestadores de servicios de salud, exempleados de SeNaSa y otras personas que, según el Ministerio Público, habrían actuado en coordinación para defraudar a la ARS estatal.
“Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación”, declaró Mirna Ortiz a periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La procuradora de corte explicó que las medidas de coerción fueron solicitadas contra 25 personas y advirtió que las investigaciones permanecen abiertas.
“Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas, médicos, personas vinculadas al sector salud, exempleados de SeNaSa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo”, sostuvo.
El expediente, de unas 525 páginas, incluye como imputados a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.
También figuran los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud también incluye a los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
37 allanamientos en cinco demarcaciones
La Operación Cobra 2.0-A fue ejecutada el viernes mediante 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Durante el operativo fueron arrestadas 28 personas, entre ellas médicos, exempleados de SeNaSa y otros vinculados al sector salud.
En las acciones participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Según el órgano acusador, durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, bienes y armas de fuego.
Esta nueva fase da continuidad a la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público procesó al exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros imputados.
A los procesados de la investigación principal el Ministerio Público les atribuye, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que durante las investigaciones ha recabado evidencias sobre presuntos sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales que, según su tesis, habrían sido utilizados para distraer recursos de la ARS pública.
Investigación también alcanza al caso Onco14
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso SeNaSa, el Ministerio Público también ha vinculado el proceso con la Operación Onco14, ejecutada en junio pasado contra una estructura que, según el órgano acusador, habría realizado maniobras fraudulentas utilizando al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y que habrían afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y al propio SeNaSa.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones vinculadas a la auditoría del patronato.
Tras el depósito de la solicitud de medida de coerción, corresponde al tribunal fijar la fecha para conocer la audiencia. Mirna Ortiz indicó que el Ministerio Público se encuentra preparado para presentar sus argumentos y dejó abierta la posibilidad de que las investigaciones incorporen a otras personas.
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