El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Ministerio de Interior y Policía (MIP) concluir el proceso de naturalización de 16 personas de origen haitiano que habían sido favorecidas con la nacionalidad dominicana mediante decretos presidenciales, pero cuyos expedientes permanecían paralizados.
La decisión, contenida en una sentencia emitida el pasado 30 de junio, establece un nuevo precedente constitucional al determinar que la inacción de la institución constituye una «omisión administrativa ilegal» que vulnera derechos fundamentales.
Los beneficiarios son hijos de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular nacidos en territorio dominicano, quienes se acogieron al proceso establecido en la Ley 169-14, aunque nunca fueron inscritos en el Registro Civil.
Con esta decisión, el alto tribunal acogió un recurso de revisión constitucional presentado por los afectados contra una sentencia de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que había declarado inadmisible la acción de amparo interpuesta contra el Ministerio de Interior y Policía.
El TC, con el voto mayoritario de los jueces que integran el pleno, presidido por Napoleón Estévez Lavandier, revocó la decisión del TSA al considerar que la acción de amparo era la vía adecuada para conocer la alegada vulneración de derechos fundamentales en este caso.
Además, la sentencia impone un astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión, monto que deberá pagarse a favor de cada uno de los 16 accionantes.
Los afectados habían obtenido la nacionalidad dominicana por naturalización ordinaria mediante dos decretos presidenciales: uno emitido en 2020 por el entonces presidente Danilo Medina y otro en 2021 por el presidente Luis Abinader, ambos al amparo de la Ley 169-14.
No obstante, según la sentencia, el Ministerio de Interior y Policía no completó el proceso administrativo, al no realizar el acto formal de juramentación ni entregar los certificados de naturalización. Esa situación impidió que los beneficiarios acudieran a la Junta Central Electoral (JCE) para obtener sus cédulas de identidad y formalizar su condición como ciudadanos dominicanos.
Los beneficiarios de la decisión son Wander Labardy, Esben Labardy, Joel Esperance Cyprien, Miranyi Esperance Cyprien, Yosmeri Esperance Cyprien, Kins Delus Vensia Louis Innocent, Gobinda Pierre, Wilki Jean Charles, Judelka Jean Charles, Emmanuel Cenous Remilus, Alejandro Cenous Lormeus, Cherlande Cenous Lormeus, Mayla Cenous Lormeus, Slanda Cenous Lormeus, Emmanuel Cenor Esperance y Camelia St. Félix.
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