Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia confirmaron la medida de coerción consistente en prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de exigir sobornos a un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada por los jueces Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Jorlin Vásquez, por entender que no variaron los presupuestos que permitieron imponer dicha medida de coerción al momento de ser sometido a la justicia el pasado mes de marzo.
Durante la audiencia, Valdez Alcántara afirmó ante los jueces que no evadirá el proceso judicial y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
“Me acusan de cosas que no han ocurrido”, expresó el representante del Ministerio Público ante los magistrados, al solicitar que se le permitiera enfrentar el proceso fuera de prisión.
El fiscal está acusado de haber exigido sobornos a un testigo relacionado con una investigación de presunta corrupción en el Senasa. El proceso continuará mientras el imputado cumple la medida de arresto.
De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Durante el encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre vínculos personales y propiedades para ejercer presión y dominio.
Según el expediente, el fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de dinero. La solicitud inicial fue de US$200,000, monto que luego habría reducido a US$150,000 tras una negociación.
Además, habría mostrado interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y exigido la entrega de un vehículo Mercedes-Benz 350 o 450, color negro, rechazando opciones más económicas.
El imputado también habría ejercido presión mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el procurador fiscal se dedicaba a recibir sobornos a cambio de manipular investigaciones bajo su responsabilidad.
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