El Ministerio Público desarticuló una presunta red dedicada a la explotación sexual de adultos y de personas que serían menores de edad, que operaba desde un inmueble ubicado en la calle Emilio Prud’Homme, en el sector San Carlos, del Distrito Nacional, según los resultados de una investigación.
Por el caso, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicitó tres meses de prisión preventiva contra Henry Tomás Castillo Peña, alias Juan y/o el Patrón, de 57 años, y Brailyn López Del Rosario, alias Brayan, de 20 años, imputados de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología.
De acuerdo con la investigación, la estructura utilizaba redes sociales para promocionar y ofrecer servicios sexuales de las víctimas, mediante la publicación y distribución de imágenes de contenido sexual. Los pagos por esos servicios eran recibidos tanto en efectivo como a través de cuentas bancarias vinculadas a los imputados.
Las pesquisas señalan que Castillo Peña dirigía la actividad ilícita, mientras que las operaciones se materializaban en el inmueble de San Carlos. En el lugar, las autoridades encontraron evidencias que, según el Ministerio Público, estarían relacionadas con la organización y registro de los servicios sexuales ofrecidos.
Entre los objetos ocupados durante el allanamiento figuran cientos de preservativos y lubricantes, cuadernos con anotaciones sobre los servicios brindados, facturas de pago, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, dinero en efectivo, títulos de propiedad, pasaportes y otros documentos personales.
El caso se originó a partir de información suministrada por autoridades de Estados Unidos y la Embajada de ese país en Santo Domingo, mediante el mecanismo de cooperación internacional conocido como Tratado de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT).
Según el expediente, el 13 de noviembre de 2025, Castillo Peña fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), adscrita a Homeland Security Investigations (HSI), cuando arribó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York.
Durante una inspección de su teléfono celular, un Samsung Galaxy S25 Ultra, las autoridades estadounidenses habrían encontrado contenido relacionado con abuso sexual infantil, así como una conversación en la que otro hombre solicitaba servicios sexuales de un presunto menor de edad. En esa conversación, Castillo Peña habría proporcionado la dirección del inmueble ubicado en San Carlos.
La información obtenida en Estados Unidos fue remitida a las autoridades dominicanas y sirvió de base para el desarrollo de las pesquisas que posteriormente permitieron identificar el lugar donde presuntamente se desarrollaban las actividades ilícitas.
El 9 de septiembre de 2026, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional ejecutaron una orden de allanamiento en el inmueble. Al ingresar, encontraron a varias personas que, de acuerdo con el Ministerio Público, eran víctimas de explotación sexual, mientras que López Del Rosario se encontraba en el lugar.
La investigación es encabezada por la PETT, junto con la Fiscalía del Distrito Nacional, con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas (DETT), la División Especializada de Delitos Transnacionales (DEIDET), la Unidad de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Conexos (UITIMC), la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos y otros organismos de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
Las autoridades dominicanas también cuentan con la cooperación de Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este martes 15 de septiembre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los dos imputados.
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