Santo Domingo. El Ministerio Público depositó este jueves ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas, señaladas de integrar una red criminal que distribuyó sobornos por más de RD$108 millones para obtener y mantener contratos de seguridad privada en diversas instituciones públicas.
La acusación fue presentada contra Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de EdeNorte; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del SeNaSa, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Asimismo, fueron incluidas como acusadas las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Rodríguez González, así como Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L., vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El órgano acusador solicitó al tribunal admitir la acusación con todas las pruebas presentadas, dictar auto de apertura a juicio contra los imputados y fijar la audiencia preliminar del proceso.
De acuerdo con el expediente, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, monto que habría sido exigido y recibido por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios públicos a cambio de favorecer a empresas contratistas dedicadas a ofrecer servicios de vigilancia.
Investigación
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el Ministerio Público, las pesquisas permitieron identificar una estructura que manipulaba procesos de contratación y exigía sobornos para beneficiar a empresas de seguridad privada que prestaban servicios a instituciones estatales.
Las investigaciones establecen que la empresa Senase habría realizado pagos ilícitos entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el objetivo de asegurar la permanencia de los contratos adjudicados.
El expediente sostiene que los funcionarios responsables de supervisar la ejecución de esos contratos recibían sobornos para mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y evitar fiscalizaciones, permitiendo que las empresas implicadas obtuvieran beneficios económicos con recursos públicos.
El Ministerio Público asegura que este esquema provocó la subordinación del sistema de supervisión de los contratos de seguridad y facilitó prácticas ilícitas orientadas a favorecer deliberadamente a determinadas compañías en perjuicio del Estado.
Los implicados fueron arrestados durante la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025. El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
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