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Propietarios de rentas cortas piden diálogo al MITUR y respeto a la propiedad privada

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Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica del sector, propietarios de inmuebles destinados a rentas cortas y usuarios de plataformas digitales de alojamiento, articulados a través de la iniciativa “Mi Propiedad, Mi Derecho”, invitaron al Ministerio de Turismo (MITUR) a establecer un diálogo abierto y transparente sobre la regulación de esta actividad.

De acuerdo con la entidad, el compromiso de la comunidad de propietarios independientes quedó reflejado en la más reciente consulta pública, en la que fueron remitidas más de 700 observaciones al Ministerio de Turismo.

“Esto evidencia un firme interés por construir una regulación adecuada y simplificada que contemple las necesidades del sector y no que responda de manera exclusiva a las pretensiones del sector hotelero”, señalaron.

En ese sentido, manifestaron que entre las principales propuestas impulsadas por la iniciativa “Mi Propiedad, Mi Derecho” figura la creación de un registro digital y simplificado, que pueda completarse en aproximadamente cinco minutos ante el MITUR, tomando como referencia las buenas prácticas de registro implementadas por las plataformas digitales.

Asimismo, plantearon garantizar el pleno respeto a la propiedad privada, evitando que el MITUR asuma funciones de inspección dentro de viviendas, apartamentos o condominios.

Los propietarios también propusieron que el marco fiscal aplicable a las rentas cortas sea definido mediante una legislación específica, con el objetivo de evitar interpretaciones arbitrarias o disposiciones que puedan resultar perjudiciales para el sector.

La iniciativa recordó que, tras el retiro de la propuesta regulatoria del debate público por parte del MITUR en julio pasado, los propietarios desconocen cuál será el curso que seguirá el proceso.

Por ello, solicitaron a las autoridades mayor transparencia y apertura al diálogo, al considerar que estas condiciones permitirían avanzar hacia una regulación equilibrada y favorecerían el crecimiento sostenible de una actividad económica de la que, según afirmaron, dependen directamente miles de familias dominicanas.

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