Tras analizar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva a un extranjero arrestado con más de 600 mil dólares sin declarar cuando se disponía a salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años de edad y de nacionalidad colombiana, deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. El tribunal, además, declaró el caso complejo, como solicitó el Ministerio Público.
Luego de seis aplazamientos de la audiencia por solicitudes de la defensa, el tribunal impuso la medida privativa de libertad al procesado.
Ossa Ospina fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito en la terminal aérea cuando intentó viajar con destino a Panamá, alrededor de las 5:00 de la tarde, del pasado 3 de septiembre.
Al momento del arresto al imputado le fue ocupado un total de seiscientos mil setecientos dólares americanos (US$600,700), cinco euros (€5.00) y seiscientos cuarenta y siete mil pesos colombianos (COP$647,000), sin declarar. Además, le fue incautado un celular y un pasaporte.
Sobre el caso, la solicitud de medida de coerción detalla que, mientras un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) se encontraba en labores propias de sus funciones en el aeropuerto, junto a un supervisor de sala de pasajeros, recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC), al detectar las divisas en el proceso de verificación del equipaje de Ossa Ospina.
El imputado, según consta en el formulario de declaración de Aduanas, ingresó al país el mismo día de los hechos en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia.
La Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, que dirige la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, avanza en la investigación del caso.
El procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal Angie Castro, adscritos a la referida unidad, conjuntamente con el fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez, están a cargo de las pesquisas. Castro, también, representa al Ministerio Público en la litigación.
El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida de coerción.
La unidad del Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de infracciones asociadas al lavado de activos, previstas y sancionadas por los artículos 4, numeral 12, y 65, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como de contrabando, previsto y sancionado por los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21, de Aduanas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.
El caso fue solicitado que se declare de tramitación compleja debido a que se proyecta la necesidad de contar con un plazo mayor con la finalidad de concluir con éxito el procedimiento preparatorio y para poder presentar el requerimiento conclusivo correspondiente (acusación), atendiendo a las exigencias de una investigación eficaz.
La solicitud de prisión fue sustentada con diferentes pruebas documentales, materiales y testimoniales que vinculan a Ossa Ospina con los hechos imputados.
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