La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará la decisión que ordena al Ministerio Público pagar RD$7.56 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de presunta corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros acusados.
El órgano acusador calificó la resolución de la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, como una decisión «plagada de vicios procesales graves».
De acuerdo con la Pepca, la magistrada emitió el fallo pese a haber sido desapoderada del expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando el proceso fue remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado adelantaron que la apelación también cuestionará la interpretación de la figura de la astreinte realizada por la jueza.
«Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación», informó el fiscal Jonathan Pérez.
El representante del Ministerio Público recordó que el juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás imputados está pautado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Asimismo, sostuvo que el tribunal actualmente apoderado del proceso tampoco tiene competencia para conocer la reclamación relacionada con un teléfono celular Samsung S3 promovida por el imputado, al tratarse, según explicó, de un asunto que no corresponde a la jurisdicción administrativa.
El fallo
La decisión de la jueza Padilla Rosario dispone el pago de RD$7,560,000 a favor de Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de una astreinte vinculada a bienes que, de acuerdo con el Ministerio Público, ya fueron devueltos al acusado.
Además, el imputado reclama la entrega de un teléfono móvil Samsung S3, cuyo valor comercial ronda los RD$3,000.
El caso Intrant
Según la acusación del Ministerio Público, Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria mientras se desempeñaba en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El expediente también señala que Hugo Beras, durante su gestión al frente del Intrant, facilitó adjudicaciones presuntamente fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
En tanto, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) es acusado de beneficiarse de contratos otorgados a las empresas Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de asumir el control de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y de espionaje tecnológico, así como del presunto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, conforme al expediente acusatorio.
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