El Partido Comunista del Trabajo (PCT) cuestionó la efectividad del plan anticrisis anunciado por el Gobierno en junio pasado, al considerar que la creciente inflación continúa afectando a los trabajadores, los sectores populares y las familias de clase media.
La organización política sostuvo que el encarecimiento de los bienes y servicios básicos contradice los resultados de las estadísticas oficiales sobre la inflación y afirmó que la situación económica genera preocupación entre los ciudadanos.
En un documento, el PCT señaló que la inflación interanual de República Dominicana se situó en un 5.13 % en agosto de 2026, según las cifras que atribuyó a las estadísticas oficiales. Indicó que ese nivel era el segundo más elevado de Centroamérica, solo por detrás de Honduras, que registró un 6.20 %, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.
La organización también cuestionó que el índice de precios al consumidor (IPC) registrara un aumento de apenas 0.38 % durante agosto, al considerar que ese resultado no refleja el impacto que perciben los hogares al adquirir productos y servicios esenciales.
El PCT citó datos del Banco Central que identifican aumentos de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, transporte, bienes y servicios diversos, restaurantes y hoteles, así como muebles y artículos para el hogar.
Ante este panorama, la organización llamó al Gobierno a adoptar medidas para enfrentar el costo de la vida y dejar de atribuir la situación exclusivamente a factores externos. A su juicio, la inflación también responde a componentes estructurales del modelo económico dominicano.
Propuestas para enfrentar la inflación
Entre las medidas planteadas, el PCT propuso una reforma integral del sistema tributario basada en una estructura progresiva, que otorgue mayor peso a los impuestos sobre las ganancias de las grandes empresas, particularmente de los sectores bancario, hotelero, de telecomunicaciones y minero.
Asimismo, sugirió reducir temporalmente el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) aplicado a productos de primera necesidad, con el propósito de aliviar la carga económica de los hogares.
Para compensar los ingresos que dejaría de percibir el Estado por esa reducción, la organización propuso revisar el contrato con la empresa minera Barrick Gold, de manera que los beneficios correspondientes al Estado sean entregados en oro y no en dólares, además de procurar una mayor participación estatal en las ganancias.
Otra de las propuestas consiste en revisar las exenciones fiscales otorgadas a sectores como el turismo y las zonas francas, con el argumento de que la racionalización de esos incentivos permitiría ampliar los ingresos públicos sin perjudicar a los grupos más vulnerables.
El PCT reiteró que el Gobierno dispone de medidas internas para mitigar el impacto de la inflación y sostuvo que su aplicación permitiría aliviar la situación económica de las mayorías nacionales.
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