La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresó su preocupación por la nueva modificación introducida al proyecto de reforma de la Ley Núm. 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada este lunes por el Senado de la República.
El régimen de contribuciones previsto en el artículo 36 ha sido modificado nuevamente por el Congreso apenas meses después de la promulgación de la Ley 98-25, manteniendo un escenario de incertidumbre para los contribuyentes.
Para la ONEC, más allá de los ajustes realizados a la escala de contribuciones, preocupa el precedente que supone modificar reiteradamente una norma de alto impacto económico mediante procedimientos de urgencia y con escasos espacios para el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados.
«El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días», señaló la organización.
La entidad recordó que la reforma fue aprobada por el Senado apenas días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial establecido para el 30 de junio. Posteriormente, la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones, incluyendo cambios en las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y la extensión excepcional de los plazos de pago para las empresas que aún no habían realizado la contribución.
La organización reiteró que respalda los esfuerzos orientados a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y reconoce la importancia de dotar al país de mecanismos de financiamiento para enfrentar este desafío ambiental. Sin embargo, insistió en que los cambios legislativos deben sustentarse en análisis técnicos, procesos de consulta amplios y reglas estables que brinden certeza tanto al Estado como a los contribuyentes.
Asimismo, la ONEC respaldó el llamado realizado por diversos gremios empresariales para que reformas de esta naturaleza sean discutidas mediante procesos transparentes, participativos y suficientemente deliberados, garantizando un equilibrio entre los objetivos ambientales de la legislación y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de la actividad económica formal.
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