SAN CRISTÓBAL.— Fue aplazada para el próximo jueves 10 de septiembre la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados de cometer actos de maltrato físico y psicológico, trabajo o servicio forzado y trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de 13 niños, niñas y adolescentes.
El aplazamiento fue dispuesto por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal, a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores rescatados. La defensa, además, solicitó tiempo adicional para presentar presupuestos a favor de los imputados.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS), informó que el Ministerio Público solicitará tres meses de prisión preventiva contra Capellán y Muñoz Rodríguez.
“En el día de hoy la audiencia en contra de Ángel Capellán e Isaías Muñoz fue suspendida para el 10 de septiembre a los fines de conocer el anticipo de pruebas de los menores de edad que fueron rescatados en la fundación”, explicó Garabitos Guerrero.
La fiscal indicó que el proceso se encuentra actualmente en etapa de investigación y que la calificación jurídica contempla, entre otros delitos, la trata de personas con fines de explotación laboral.
Rescatan a 13 menores durante allanamientos
De acuerdo con la instancia presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, los imputados fueron sometidos a la justicia por hechos ocurridos en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
El expediente establece que, durante una operación desarrollada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, junto con organismos policiales y entidades de protección de la niñez, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
Como resultado de la intervención fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años.
Según el Ministerio Público, los menores presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El lugar intervenido funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso y estaba ubicado en el interior de una finca.
Una fuga alertó a las autoridades
La investigación se inició luego de que uno de los menores retenidos en el lugar lograra escapar y se presentara en un destacamento policial, donde informó a las autoridades sobre las condiciones en las que se encontraban los niños, niñas y adolescentes.
A partir de esa alerta, el Ministerio Público inició las investigaciones y posteriormente solicitó las órdenes judiciales de arresto contra Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez, las cuales fueron ejecutadas como parte del operativo.
Los allanamientos fueron realizados por la Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
En las labores de protección participaron además la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Víctimas tendrán representación legal
La fiscal Garabitos Guerrero explicó que los menores serán representados en el proceso judicial por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La solicitud de medida de coerción fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la PETT, junto a las fiscales Ramona Santana, titular de la Fiscalía de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la UAVGIDS.
Garabitos Guerrero estuvo presente en la audiencia junto a los fiscales Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo.
El Ministerio Público sostiene que los hechos investigados podrían constituir delitos relacionados con el maltrato de menores, explotación laboral y trata de personas, mientras continúa la investigación para establecer las circunstancias en que los niños permanecían en el lugar.
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