Propietarios de inmuebles de rentas cortas, dominicanos residentes en el exterior y usuarios de plataformas de hospedaje anunciaron el lanzamiento de la campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho”, una iniciativa que busca defender el derecho a la propiedad privada, la libre empresa y la competitividad del turismo en la República Dominicana.
Esta campaña surge ante la consulta pública de dos propuestas de resolución presentadas por el Ministerio de Turismo (MITUR) y pendientes de firma del Ministro David Collado, cuyo plazo para recibir observaciones vence el próximo 22 de julio. De acuerdo con los organizadores, las medidas planteadas podrían provocar la salida de miles de alojamientos de renta corta del mercado nacional, afectando tanto a propietarios como a consumidores.
La iniciativa “Mi Propiedad, Mi Derecho” hace un llamado a los ciudadanos interesados en participar en el proceso de consulta pública a enviar sus observaciones y comentarios al correo electrónico consultapublica@mitur.gob.do antes del vencimiento del plazo establecido.
Entre los requisitos contemplados en las propuestas se encuentran:
- Obtener una “certificación” por parte del condominio de que pueden alquilar su propio apartamento
- Cumplir estándares de calidad hoteleros
- Ser sujetos a inspecciones aleatorias en su casa y propiedad privada por parte del MITUR
- Exigir la presentación de información y documentación excesiva sobre la propiedad ante el MITUR, dificultando su cumplimiento
Los promotores de la iniciativa consideran que estas disposiciones representarian una carga excesiva para miles de familias que han encontrado en las rentas cortas una fuente legítima de ingresos, así como para dominicanos residentes en el exterior que invierten en el país a través del sector inmobiliario.
Asimismo, advierten que la reducción de la oferta de alojamientos podría generar un aumento en los precios para los visitantes y para los propios dominicanos que utilizan este tipo de hospedaje. Según datos recopilados por la organización, entre un 30 % y un 40 % de las reservaciones realizadas en plataformas de renta corta corresponden a ciudadanos dominicanos.
Los propietarios consideran que el impacto sería significativo. Al reducirse miles de unidades de hospedaje, los precios de los hoteles y de los alojamientos disponibles aumentarían, afectando la competitividad de la República Dominicana como destino turístico y limitando las opciones para los consumidores.
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