El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra sostiene que las dos hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba, habrían realizado una «utilización personal de los fondos obtenidos» por la trama de tráfico de influencias liderada presuntamente por su padre.
Así se desprende del auto, al que ha accedido ABC, en el que el magistrado José Luis Calama afirma que el análisis financiero ha permitido localizar «transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos».
Eso demostraría, desde su punto de vista, que las dos hijas del expresidente hicieron uso del dinero que llegó a Zapatero supuestamente por el cobro de comisiones ilegales por su mediación para que la aerolínea Plus Ultra recibiera un rescate de 53 millones de euros del Gobierno en marzo de 2021. Los investigadores cifran en casi dos millones de euros los cobros del expresidente por distintas vías.
Según las transferencias rastreadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la sociedad Análisis Relevante, dirigida por Julio Martínez Martínez (amigo de Zapatero y asesor de la compañía aérea) percibió fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo a Zapatero 490.780 euros y a la sociedad Whathefav -titulada por sus hijas- 239.755 euros. A su vez, según el magistrado, Inteligencia Prospectiva canalizó casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, y estas entidades redistribuyeron fondos hacia Zapatero y su entorno familiar.
Sociedades instrumentales
Según el magistrado, la trama de tráfico de influencias al frente de la que sitúa al expresidente del Gobierno utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».
Aunque el instructor de la Audiencia Nacional asumió la causa en marzo, procedente del Juzgado 15 de Madrid, no ha sido hasta este martes cuando ha trascendido que el magistrado Calama ha acordado la imputación de Zapatero, que tendrá que declarar el próximo 2 de junio, a las 9 horas, como investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
En la investigación del caso Plus Ultra, surgida a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2024 tras los avisos de unidades de investigación contra la corrupción de Suiza y Francia, se ha abordado si hubo un «uso indebido» de los 53 millones del rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea, porque se sospecha que habrían servido para pagar préstamos a otras sociedades venezolanas no ligadas a la operación.
En este marco, la investigación se bifurcó en otra línea, la que implica a Zapatero. En ésta se aborda si los trabajos de «asesoría global» que facturó a Julio Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra entre 2020 y el año pasado, estarían relacionados con éste.
Fuentes de la investigación ya trasladaron a ABC en enero que el expresidente no es un cargo público, por lo que no se le puede achacar un papel prevaricador en gestiones en favor de la aerolínea, pero sí comportamientos propios de tráfico de influencias.
Zapatero reconoció haber facturado a la compañía Análisis Relevante casi medio millón de euros entre 2020 y 2023, aunque negó que los cobros se correspondan con comisiones ilegales por gestiones a favor de Plus Ultra. Al inicio de la causa, los investigadores también abordaron si el expresidente tributó correctamente a Hacienda, aunque finalmente en la investigación no se le imputa delito fiscal.
Fuente: ABC de España
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