PARÍS — Una oleada de indignación social y graves disturbios ha sacudido a decenas de ciudades en Francia, dejando un saldo preliminar de cerca de 1.800 personas detenidas y más de 500 agentes de policía heridos.
Las manifestaciones, convocadas originalmente por colectivos estudiantiles y sindicatos, sumaron el respaldo de movimientos sociales como los «chalecos amarillos» y grupos civiles descontentos con el alto costo de vida, lo que derivó en la movilización ciudadana más multitudinaria y tensa registrada en el país en lo que va del año.
El detonante de la crisis comenzó semanas atrás en el sector educativo, donde estudiantes de secundaria tomaron las calles para denunciar la falta crónica de profesores, la saturación en las aulas y la escasez de recursos en los centros públicos.
Sin embargo, la protesta escaló rápidamente al canalizar un malestar generalizado en la sociedad francesa, impulsado por la persistente inflación, los recortes presupuestarios en los servicios públicos y un rechazo profundo a la agenda económica de la administración del presidente Emmanuel Macron.
Aunque las marchas iniciaron de manera pacífica en la mayoría de las localidades, la jornada se tornó caótica al caer la tarde debido a la intervención de facciones radicales.
Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad provocaron incendios en edificios emblemáticos, incluyendo el histórico ayuntamiento de Limoges y una oficina de turismo en Lyon, además del saqueo y destrozo de aproximadamente 1.500 comercios y mobiliario urbano, dibujando un panorama desolador en los principales centros urbanos del país.
La gravedad de los disturbios se vio reflejada también en el costo humano de las movilizaciones.
Las autoridades sanitarias confirmaron el fallecimiento de un manifestante tras sufrir un paro cardíaco durante las refriegas en París, así como heridas de gravedad en un joven que perdió una mano en la localidad de Saint-Étienne debido a la explosión de un artefacto antidisturbios.
De las más de 1.800 detenciones ejecutadas a nivel nacional por la policía, casi la mitad se concentraron en el área metropolitana de la capital francesa.
Ante la escalada de la violencia, el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu emitieron declaraciones conjuntas para condenar enérgicamente los ataques a las instituciones del Estado y a la propiedad privada.
El Gobierno francés atribuyó los desmanes a grupos de extrema izquierda y alborotadores profesionales, advirtiendo que no se tolerará la impunidad y que todos los implicados en los saqueos y agresiones serán puestos a disposición de la justicia para enfrentar penas severas.
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