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Jueza impone embargo por US$5 millones contra empresas vinculadas a central eléctrica flotante de Azua

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La jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, autorizó medidas de coerción real por un monto de hasta US$5 millones o su equivalente en pesos dominicanos contra las sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy RD, vinculadas a la operación de la central eléctrica flotante Karpowership, instalada en Azua.

La decisión judicial también incluye medidas contra Carlos Matamoros Bregni, representante en República Dominicana de Karpowership, perteneciente al grupo turco Karadeniz Holding, tras una solicitud presentada por la empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC), que reclama derechos económicos sobre el proyecto energético.

Mediante la Resolución núm. 040-2026-TRMC-00006-A, de fecha 26 de mayo de 2026 y notificada a las partes el 2 de julio, la magistrada autorizó trabar embargo retentivo, embargo conservatorio e hipoteca judicial provisional sobre los bienes de Matamoros Bregni y las sociedades Dynex Energy Group y Dynex Energy RD, hasta la suma reclamada.

La jueza fundamentó la decisión al considerar que existe “un crédito justificado en principio” a favor de la parte querellante y que la medida busca “evitar la insolvencia inminente del imputado”.

Reclamo por participación en proyecto eléctrico

El conflicto se origina en un acuerdo firmado el 25 de mayo de 2018, mediante el cual, según la parte querellante, Dynex designó con carácter de exclusividad a TEPC como socio local para el desarrollo de un proyecto de generación térmica en República Dominicana.

De acuerdo con el reclamo presentado ante los tribunales, el convenio establecía una distribución de los fondos generados por el proyecto de 55 % para TEPC y 45 % para Dynex.

La empresa sostiene que el proyecto se materializó con la entrada en operación de las dos barcazas de Karpowership Dominican Republic, con capacidad de generación de 188 megavatios, ubicadas en Puerto Viejo, playa Los Negros, en Azua.

Según la acusación, mediante un auxilio judicial tramitado a través de la Superintendencia de Bancos se documentaron 18 transferencias realizadas por Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025. La parte querellante afirma que esas operaciones representaron ingresos por RD$15,098,459.04 y US$3,098,396.71, sobre los cuales correspondía aplicar la participación pactada del 55 %.

TEPC alega que, pese a esos ingresos, la participación acordada no ha sido entregada, razón por la cual acudió a los tribunales luego de que las gestiones extrajudiciales no prosperaran.

Seis años de trabajo y recursos invertidos

La empresa querellante sostiene que durante más de seis años aportó recursos, gestiones y contactos técnicos para viabilizar el proyecto energético, incluyendo viajes internacionales, participación en estudios técnicos y coordinación con especialistas y actores del sector eléctrico y ambiental.

“Las barcazas están frente a Azua, generando y cobrando todos los meses. Nuestro representado puso seis años de trabajo y recursos propios para que ese proyecto existiera, y lo que recibió fue silencio. Se cobró y no se pagó lo pactado”, expresaron los abogados del querellante, doctor J. Lora Castillo y licenciado Jorge G. Lora Olivares.

Los representantes legales indicaron que la vía para levantar los embargos sería el cumplimiento del pago reclamado.

Alcance de las medidas

El embargo retentivo autorizado por el tribunal podrá alcanzar no solo bienes propiedad de los demandados, sino también sumas de dinero que terceros adeuden a los embargados, incluyendo pagos pendientes o futuros relacionados con la operación del proyecto, hasta completar el monto de US$5 millones.

Asimismo, la jueza rechazó la solicitud de imponer impedimento de salida del país contra Carlos Matamoros Bregni, al considerar que la condición de extranjero, por sí sola, no constituye una presunción de fuga y que la parte solicitante no aportó elementos suficientes para justificar esa medida personal.

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