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José Alejandro Vargas defiende humanización de la pena tras fallo contra Wander Franco

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El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco fue declarado culpable este lunes por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente, aunque no cumplirá condena en prisión tras ser favorecido con la figura del “perdón judicial”, contemplada en el artículo 340 del Código Procesal Penal dominicano.

La decisión ha generado amplio debate en la opinión pública debido a que, aunque el tribunal retuvo la responsabilidad penal del jugador, dispuso la suspensión de la pena bajo una figura jurídica que permite al juez eximir o reducir el castigo en circunstancias extraordinarias de atenuación.

Sobre esta disposición legal se refirió el juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, quien explicó que la institución del perdón judicial representa “la mejor respuesta a la fenomenología del derecho”, al considerar que obliga al juez a mirar más allá del expediente y ponderar los matices humanos, sociales y circunstanciales de cada caso.

“El derecho deja de ser únicamente un conjunto de disposiciones abstractas para convertirse en una realidad vivida: por el juez que decide, por la víctima que espera justicia y por el imputado que enfrenta la sanción”, expresó Vargas en una reflexión difundida tras conocerse la sentencia.

El magistrado sostuvo que el artículo 340 establece que, cuando existan circunstancias extraordinarias de atenuación y la pena imponible no supere los diez años de prisión, el tribunal puede eximir de pena al imputado o imponer una sanción inferior al mínimo legal.

Entre las razones contempladas por la normativa figuran la participación mínima del imputado, la provocación por parte de la víctima o de un tercero, circunstancias poco usuales en la comisión del hecho, la insignificancia social del daño, errores de apreciación del imputado sobre la legalidad de su conducta, así como situaciones relacionadas con daños físicos o psicológicos sufridos por el acusado.

Vargas indicó además que esta figura jurídica permite equilibrar “la regla, los principios y los valores”, promoviendo una visión más humanizada de la pena, aun cuando se mantenga la responsabilidad penal del condenado.

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