Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo emitió este lunes el decreto 672-26, mediante el cual se instruye a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMES industriales) los procedimientos de contratación pública destinados a programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social.
La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader, se enmarca en las directrices de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26), con el objetivo fundamental de fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos.
Con esta acción, la administración del presidente Abinader también reafirma su compromiso con el tejido productivo nacional, promoviendo la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.
Ejes clave de la normativa
Exclusividad para la industria nacional
Las compras públicas vinculadas a programas especiales de asistencia deberán destinarse a adquirir bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, garantizando que no exista intermediación no autorizada.
Instituciones abarcadas: La disposición aplica a entidades clave como el Ministerio de Educación (MINERD), el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales (Supérate), PROMESE-CAL, los ministerios de Defensa y de la Vivienda (MIVHED), entre otras dependencias del Estado enfocadas en la protección social y sectorial.
Requisitos y acreditación: Para participar, las empresas deberán contar con su respectivo Registro Industrial emitido por PROINDUSTRIA, la Certificación MIPYMES (o MIPYMES Mujer) otorgada por el MICM, y estar debidamente inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Articulación y gobernanza: Se crea la Mesa de Articulación Interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), encargada de dar seguimiento, coordinar la oferta productiva y asegurar el cumplimiento de la normativa.
Modernización y plazos de implementación
El decreto establece un plazo no mayor de cuatro meses para que el MICM ejecute un levantamiento exhaustivo de los bienes y servicios ofertados por el sector industrial local.
Asimismo, instruye a PROINDUSTRIA a modernizar y digitalizar el Registro Industrial para garantizar la trazabilidad de la oferta nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.
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