El gobernador de Illinois JB Pritzker firmó el lunes una legislación sobre inteligencia artificial inspirada en proyectos similares de California y Nueva York, lo que promueve un esfuerzo por establecer un marco nacional liderado por los estados en lugar de regulaciones federales.
“El Congreso y el presidente deberían estar aprobando una legislación similar, pero hasta ahora no han querido hacerlo, porque muchos están cautivos por intereses especiales que se benefician de que la industria no tenga regulación”, señaló Pritzker antes de firmar el proyecto de ley. “Podemos trabajar juntos para establecer límites sensatos de manera que beneficien tanto a la industria como al público, o podemos permitir que un puñado de actores eluda la rendición de cuentas y traslade los costos y el perjuicio a la gente común. En Illinois hemos elegido nuestro camino”.
El Proyecto de Ley del Senado 315, también conocido como la Ley de Medidas de Seguridad de la Inteligencia Artificial, incrementa los requisitos de transparencia y rendición de cuentas para los modelos de inteligencia artificial más grandes, es decir, aquellos que generan más de 500 millones de dólares en ingresos anuales y se entrenan utilizando una enorme potencia de cómputo.
El proyecto se suma a la SB-53 de California y a la Ley de Seguridad y Educación de IA Responsable de Nueva York, que fueron firmadas a finales de 2025. En él se establecen nuevos estándares de información sobre la posibilidad de que el modelo de IA pueda usarse para causar daños a gran escala, como brindar a los usuarios ayuda para crear un arma química, biológica o nuclear o para cometer ciberataques.
La proponente en el Senado, la senadora demócrata de Libertyville, Mary Edly-Allen, señaló que es urgente que los estados se protejan contra esos posibles daños.
“No estamos dispuestos a esperar a que el Congreso actúe”, afirmó. “Hay un dicho antiguo: Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Pero enséñale a pescar a la IA y quizá vacíe todo el río tratando de averiguar cómo”.
Aunque los tres estados solo representan aproximadamente el 20% de la población nacional, los legisladores calculan que constituyen cerca del 40% del mercado de IA de Estados Unidos, lo que en la práctica crea un estándar nacional de facto.
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La nueva ley exige que los desarrolladores de modelos publiquen un marco de IA que describa cómo el desarrollador identifica y evalúa el “riesgo catastrófico”, definido como la probabilidad de incidentes que podrían causar la muerte o lesiones graves a más de 50 personas o más de 1 millón de dólares en daños a la propiedad.
También se exigirá a los desarrolladores que reporten cualquier incidente que pudiera causar daño al estado dentro de las 72 horas posteriores a su identificación, o dentro de 24 horas si plantea un riesgo inminente de muerte o lesión física grave.
El proponente del proyecto en la Cámara de Representantes, el representante demócrata de Buffalo Grove, Daniel Didech, sostuvo que los daños que regulará la ley no son teóricos.
“Ya hemos visto el primer tiroteo masivo inspirado por la IA. Ya hemos visto sistemas de IA utilizados para atacar un servicio municipal de agua y drenaje”, afirmó.
También aludió al ejemplo del modelo Mythos de Anthropic, que, según la empresa, era una ciberarma demasiado poderosa como para ponerla a disposición del público. Anthropic respaldó el proyecto de Illinois y varios representantes de la empresa estuvieron presentes en la firma el lunes.
“Toda tecnología transformadora en nuestra historia, desde los automóviles hasta la electricidad y los viajes aéreos, ha aportado enormes beneficios mientras conllevaba riesgos reales, y en cada caso, el gobierno respondió no prohibiendo la tecnología ni adoptando un enfoque de no intervención, sino construyendo salvaguardas, para que la gente común pueda confiar en que estas tecnologías son seguras”, añadió Didech.
La versión de Illinois, similar en la mayoría de sus aspectos a los estándares establecidos en Nueva York y California, añade un requisito —el primero en el país— de auditorías anuales obligatorias realizadas por terceros; la versión de Nueva York solo exigía una única auditoría independiente en el momento en que los desarrolladores alcanzaban el tamaño suficiente para calificar en virtud de la ley.
AP
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