La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no presentó objeciones a la solicitud del Ministerio Público de extender por cuatro meses el plazo para concluir las investigaciones y presentar la acusación formal contra los imputados en el caso.
El conocimiento de la petición fue aplazado para el próximo 4 de septiembre por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, debido a la ausencia del abogado Francisco Minaya, quien no pudo asistir a la audiencia por el fallecimiento de su padre.
El abogado Miguel Valerio, representante legal de Hazim, consideró que se trata de un proceso complejo y sostuvo que los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público tienen derecho a disponer del tiempo adicional solicitado para continuar con las investigaciones.
Los fiscales Wilson Camacho y Mirna Ortiz solicitaron al tribunal una extensión de cuatro meses para presentar la acusación. A esta petición también se adhirieron los abogados que representan al Estado dominicano.
¿Quiénes están imputados?
Además de Santiago Hazim, están acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
También figuran como imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario.
Ministerio Público investiga supuesto fraude millonario
El Ministerio Público atribuye al grupo una presunta estructura que habría cometido un fraude contra el Estado dominicano, inicialmente estimado en más de RD$15,000 millones y que, conforme avanzaron las investigaciones, habría superado los RD$19,000 millones.
De acuerdo con las investigaciones, la presunta estructura habría operado entre 2020 y 2025 y habría afectado el funcionamiento del sistema público de riesgos de salud.
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