El equipo de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, afirmó que el fallo de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, confirmó la ausencia total de pruebas objetivas y vinculantes que comprometieran la responsabilidad penal de su defendido en el denominado caso Calamar.
Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostuvieron que la decisión judicial representa un reconocimiento claro de las debilidades estructurales del expediente presentado por el Ministerio Público, el cual —según indicaron— estuvo sustentado desde el inicio en relatos, interpretaciones y afirmaciones carentes de soporte probatorio verificable, además de un testimonio que calificaron como fabricado y contradictorio.
“Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia”, expresaron los juristas mediante un comunicado.
La defensa insistió en que, durante todo el proceso, fueron presentadas auditorías, certificaciones oficiales, documentos financieros y otros elementos que demostraban la inexistencia de actos ilícitos atribuibles a Peralta Fernández, así como la falta de vinculación directa con los hechos imputados.
“Muchos de los propios documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo del señor José Ramón Peralta Fernández, al evidenciar su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal”, resaltó la defensa.
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