Cinco de los diez imputados en el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) han iniciado conversaciones con el Ministerio Público para acogerse a un procedimiento penal abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
La información fue revelada por una fuente vinculada a la investigación, quien explicó que la fortaleza de las pruebas reunidas por el órgano persecutor ha incrementado la presión sobre los acusados.
De acuerdo con la fuente, varios de los imputados, incluidos algunos que cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, buscan negociar su situación procesal mediante un acuerdo que implica el reconocimiento de culpabilidad. Asimismo, indicó que otros encartados también estarían evaluando acogerse a este mecanismo.
Estos acercamientos se producen mientras el Ministerio Público prepara una nueva etapa de las pesquisas, denominada de manera interna «SeNaSa 2.0», con la que busca ampliar el alcance de la investigación.
En tanto, el próximo 30 de julio, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deybi Timoteo Peguero, conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados que permanecen en prisión preventiva.
Según el expediente, la presunta estructura habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$15,000 millones, monto que, conforme a investigaciones posteriores, supera los RD$19,000 millones. El Ministerio Público sostiene que la red operó entre 2020 y 2025.
El grupo es encabezado por el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, entre otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.
También figuran como imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa. Esa colaboración les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de prisión preventiva.
Los cargos
El Ministerio Público acusa a los imputados de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Investigación sigue abierta
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, ha reiterado que las investigaciones continúan y que no se limitan a los hechos ya judicializados, sino que también abarcan a otros actores presuntamente vinculados a la estructura investigada.
De Listín Diario.
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