El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este domingo medidas de coerción contra los imputados en el caso SeNaSa 2.0, entre ellos médicos y exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), acusados por el Ministerio Público de formar parte de un esquema de fraude en perjuicio del Estado y los afiliados.
El tribunal declaró el proceso de tramitación compleja y dictó 18 meses de prisión preventiva contra ocho de los imputados, quienes fueron enviados a distintos centros penitenciarios.
Los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Mientras que la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y las médicas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El magistrado también impuso arresto domiciliario a las exempleadas de SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
A los médicos Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Keila Beatriz Acosta Leonardo, además del arresto domiciliario, el tribunal les impuso impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos mediante una compañía aseguradora.
En tanto, la imputada Martha María Saldaña deberá cumplir arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de tres millones de pesos a través de una empresa aseguradora.
Para los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré, el tribunal dispuso una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Los imputados que recibieron garantías económicas tienen un plazo de siete días para hacer efectivo el pago; de lo contrario, serán trasladados a los centros penitenciarios correspondientes.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los procesados en el caso Cobra 2.0-A están imputados de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología —incluido acceso ilícito y uso indebido de códigos— y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
Los imputados fueron arrestados durante allanamientos realizados la madrugada del pasado viernes por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
A la salida del tribunal, cuyo fallo estaba pautado para las 7:00 de la noche, pero comenzó a conocerse a las 9:05, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió a los médicos sobre los riesgos de prestar sus códigos profesionales para la realización de procedimientos.
“Exhorto a los médicos a que no presten sus códigos. Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, sostuvo Camacho, quien agregó que, de acuerdo con la investigación, si los 22 médicos procesados no hubiesen prestado sus códigos, el caso Cobra 2.0-A no habría ocurrido de la misma manera.
Camacho también afirmó que la investigación “no concluye aquí” y llamó a utilizar la experiencia del proceso para orientar a la clase médica sobre las consecuencias legales que puede tener el uso irregular de sus credenciales profesionales.
Deja un comentario