Solicitar y autorizar un allanamiento en una institución con carácter constitucional es un atropello a la Carta Magna que tanto sacrificio ha costado a esta sociedad y que sólo busca afectar la institucionalidad.
Sobretodo una institución de control externo del gasto público del Estado Dominicano que probablemente pudiera haber estado practicando auditoría al propio Ministerio de Público.
Los fiscales Wilson Camacho, Yeni Berenice Reynoso y la juez de la Suprema Corte de Justicia, María Genrinalda Ramírez Garabito, a quien conozco hace varios años, deben ser procesados judicialmente por violentar la Constitución.
Los jueces no pueden ser pro Ministerio Público, deben saber valorar en su justa dimensión los pedimentos, tratase de quien se trate. Los fiscales prefabrican expedientes hasta porque alguien le caiga mal y para otorgar cualquier autorización un juez debe ser comedido.
Recordemos que pasó con la propia Miriam Germán cuando su teléfono fue intervenido, que para hacerle daño justificaron que el numero estaba a nombre de otro. “Cosas verdes”.
Con ese atropello que pongan la barba en remojo, con los super fiscales, las instituciones y órganos consagrados en la Constitución como la Cámara de Diputados, el Tribunal Constitucional, el Senado, la Suprema Corte, Ministerio de Defensa y hasta la sede presidencial.
No defiendo corrupto ni corruptores, si abogo por el respeto a la institucionalidad, y la Constitución.