El ingeniero Oliver Manuel Fiallo Batlle, profesional dominicano de reconocida trayectoria y miembro de una familia de tradición en la República Dominicana, fue objeto de un grave perjuicio reputacional como consecuencia de publicaciones digitales que, en el año 2010, reseñaron su vinculación inicial a una investigación penal sobre una alegada falsificación de títulos de propiedad, pero que nunca actualizaron posteriormente que la justicia dictó a su favor un auto de no ha lugar e inadmisibilidad de la acusación, decisión que adquirió carácter definitivo al no ser recurrida.
En el caso, la verdad judicial definitiva es clara: Oliver Manuel Fiallo Batlle no fue condenado, no fue enviado a juicio y fue favorecido con un auto de no ha lugar e inadmisibilidad de la acusación, decisión que cerró definitivamente cualquier imputación en su contra.
El caso se originó cuando Fiallo Batlle adquirió un inmueble destinado al desarrollo de un proyecto habitacional. Según se desprende de los antecedentes del proceso, el ingeniero resultó ser también una víctima de las actuaciones atribuidas a un grupo de falsificadores de títulos. Sin embargo, durante la etapa inicial de la investigación, fue sometido a investigación penal como imputado, pese a que posteriormente quedó establecido que no tuvo participación alguna en los hechos investigados.
Tras varios días bajo investigación y luego de obtener su libertad bajo fianza, el proceso seguido en su contra concluyó con una decisión judicial favorable, mediante la cual se dictó auto de no ha lugar e inadmisibilidad de la acusación, reconociéndose que no existían méritos para enviarlo a juicio ni para sostener una imputación penal en su contra.
La certificación judicial correspondiente confirma que dicha decisión no fue objeto de apelación, por lo que adquirió carácter definitivo.
Pese a ello, las publicaciones digitales que en su momento reseñaron la investigación inicial continuaron disponibles en internet mencionando su nombre como imputado, sin reflejar el desenlace judicial del proceso ni la decisión que lo excluyó definitivamente del caso. Esta omisión ha provocado que, años después, al buscar su nombre en internet, aparezcan referencias incompletas y desactualizadas que afectan injustamente su honor, su buen nombre y su reputación profesional.
La situación evidencia el grave daño que puede ocasionar la falta de actualización de informaciones judiciales en medios digitales, especialmente cuando una persona es mencionada públicamente durante la fase inicial de un proceso penal, pero luego no se informa con igual relevancia que fue descargada, favorecida con un no ha lugar o excluida definitivamente de la acusación.
En este caso, Oliver Manuel Fiallo Batlle no solo fue desvinculado judicialmente del proceso, sino que además habría resultado ser una víctima más de la trama investigada, al haber adquirido un inmueble en el contexto de los hechos atribuidos a terceros.
La permanencia de noticias incompletas en plataformas digitales e impresos, sin la debida actualización del resultado final del proceso, produce una distorsión de la verdad histórica y judicial. En la práctica, mantiene una sombra de sospecha sobre personas que han sido reconocidas por los tribunales como inocentes o ajenas a los hechos imputados.
Por ello, se hace un llamado respetuoso a los medios de comunicación que reseñaron el caso en el año 2009 a actualizar sus publicaciones digitales, incorporando la información relativa al auto de no ha lugar definitivo dictado a favor del ingeniero Oliver Manuel Fiallo Batlle, a fin de restablecer la verdad, proteger su honra y evitar que continúe propagándose una información incompleta que le causa un daño reputacional injustificado.
La libertad de prensa y el derecho a la información cumplen una función esencial en una sociedad democrática, pero también exigen responsabilidad, equilibrio y actualización cuando los hechos originalmente reseñados cambian de manera sustancial por decisión de los órganos judiciales competentes.
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