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Así fue la detención de un inspector migratorio acusado de cobrar soborno en Punta Cana

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Una operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección General de Migración (DGM) terminó con el arresto de un inspector de control migratorio acusado de exigir un soborno de RD$100 mil a una mujer para facilitar su salida hacia el Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado, identificado como Carlos Javier Sánchez, fue detenido en el momento en que presuntamente se disponía a recibir el dinero, durante una entrega controlada autorizada mediante una orden judicial.

De acuerdo con las autoridades, el inspector se encontraba bajo vigilancia como parte de una investigación desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con apoyo de la Dirección de Inteligencia Migratoria.

La operación se ejecutó luego de que una jueza autorizara la entrega controlada del dinero mediante el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la magistrada Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

Durante el operativo, un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, representado por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución, coordinó la entrega del monto solicitado.

Según la investigación, Sánchez fue interceptado fuera de un establecimiento comercial en el momento en que iba a recibir el dinero entregado bajo supervisión de las autoridades.

El director de Inteligencia Migratoria, general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD, participó en la coordinación de los equipos de inteligencia de la DGM que dieron apoyo a las labores investigativas.

El Ministerio Público informó que el detenido será presentado ante la justicia en las próximas horas para solicitar medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

Las autoridades indicaron que este tipo de acciones forman parte de las medidas implementadas para perseguir actos de corrupción y estructuras vinculadas al crimen organizado.

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