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ANJE y la Escuela Nacional de la Judicatura impulsan estudio sobre el impacto económico de la justicia en el país

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La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) avanzan en el desarrollo del estudio “Análisis Económico de la Justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, una iniciativa conjunta orientada a generar evidencia sobre la relación entre el funcionamiento del sistema de justicia, la actividad económica y el desarrollo del país.

Esta investigación busca aportar información que permita comprender el impacto económico de la administración de justicia, identificar oportunidades de mejora y contribuir al fortalecimiento de la eficiencia, accesibilidad y oportunidad de los servicios judiciales.

El estudio parte del reconocimiento de que un sistema de justicia eficiente y confiable constituye un elemento fundamental para la seguridad jurídica, la confianza institucional, el clima de inversión y el desarrollo económico sostenible.

En ese sentido, sus resultados permitirán ampliar el conocimiento sobre los costos económicos asociados al funcionamiento de la justicia y aportar elementos para la toma de decisiones.

Actualmente, la investigación se encuentra en fase de revisión y validación. Como parte de este proceso, el documento fue presentado al presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Henry Molina, con el propósito de continuar el proceso de análisis y verificación de sus contenidos.

Una vez concluida esta etapa, se prevé desarrollar espacios de socialización y diálogo con representantes de los sectores judicial, empresarial, académico e institucional, a fin de enriquecer el análisis y promover una reflexión conjunta sobre las oportunidades para continuar fortaleciendo el sistema de justicia dominicano.

La investigación está dirigida por el economista Rolando M. Guzmán con el acompañamiento un equipo multidisciplinario integrado por la ENJ y ANJE.

Su metodología integra el análisis de información administrativa, la revisión documental y normativa, consultas a actores relevantes y el estudio de experiencias internacionales.

Esta iniciativa constituye un aporte al conocimiento académico y al debate público sobre la relación entre justicia y economía, al tiempo que promueve una visión de la justicia como un componente esencial de la competitividad.

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