La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reitera que el país requiere de un Código Penal moderno, acorde con la realidad del entorno económico y social del país, sin embargo, esto no puede convertirse en una carta automática para aprobar una propuesta normativa sin valorar las múltiples observaciones remitidas por el sector empresarial, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, generando incertidumbre y perjudicando especialmente a las mipymes.
No se puede alcanzar una legislación penal adecuada con un proceso legislativo fugaz y cerrado, que no aprovechó la actual vacatio legis para hacer las correcciones pertinentes, a través de consultas intersectoriales. Postergar la entrada en vigencia de los artículos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por tan solo 3 meses resulta incoherente, pues se aperturó un proceso de consulta y no se incluyeron las observaciones técnicas remitidas por el sector empresarial.
El proyecto de ley aprobado hoy en primera lectura en el Senado de la República, desaprovecha la oportunidad de establecer reglas diferenciadas para las micro y pequeñas empresas, así como un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas más claro, equilibrado y acorde con los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
La responsabilidad penal empresarial debe descansar en presupuestos objetivos y debidamente comprobados: que la infracción haya sido cometida por cuenta o en beneficio de la entidad, que exista un incumplimiento grave de sus deberes de organización y control, y que se garantice que la imprudencia o negligencia sólo genere responsabilidad en los casos expresamente previstos por la ley. De igual manera, el marco normativo debe reconocer con mayor certeza los esfuerzos efectivos de cumplimiento, así como precisar los mecanismos de certificación aplicables a los programas de cumplimiento.
El país necesita un Código Penal que permita perseguir eficazmente las conductas ilícitas, pero que también premie la prevención, facilite el cumplimiento y ofrezca reglas previsibles para invertir, emprender y generar empleos. El desarrollo sostenible requiere instituciones sólidas y un entorno empresarial seguro, en el que la aplicación de la Ley proteja a la sociedad sin producir incertidumbre para quienes actúan responsablemente.
ANJE se mantiene abierta y dispuesta a dialogar y colaborar con el Congreso Nacional, en caso de que se apruebe el Código Penal en la forma propuesta por la Cámara de Diputados, a fin de realizar aportes para enmendar y esclarecer las disposiciones del régimen de responsabilidad penal empresarial, que tanto impactan al ecosistema empresarial del país.
En ese sentido, ANJE propone la creación, durante el primer año de implementación del Código, de una comisión permanente de técnicos y académicos para analizar, junto al Congreso Nacional, las necesidades de mejora y precisión que surjan de su aplicación práctica.
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