La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) afirmó que el fondo importa y que la República Dominicana necesita, con urgencia, una política efectiva para resolver el problema de los residuos sólidos. Señaló que esta realidad se evidencia todos los días en la basura acumulada, el desorden en las comunidades, la contaminación en ríos y cañadas, los vertederos improvisados y el deterioro ambiental que afecta la salud y la calidad de vida de la gente.
El gremio sostuvo que en esto han coincidido todos desde que se aprobó la Ley de Residuos en el 2020: el país necesita actuar y moverse rápido. Sin embargo, advirtió que, cuando se trata de políticas públicas, la forma importa tanto como el fondo. Indicó que cuando una reforma de esta magnitud se construye sin suficiente análisis técnico, sin diálogo oportuno y sin claridad sobre su impacto, el objetivo que todos comparten corre el riesgo de diluirse.
ANJE expresó que, para esta generación de jóvenes empresarios, comprometida con el largo plazo, hablar de recaudación sin hablar primero de transparencia, educación ciudadana y resultados ambientales verificables es perder el norte. En ese sentido, indicó que al día de hoy se desconocen los parámetros técnicos y evaluaciones de proporcionalidad que se utilizaron para determinar la llamada “contribución especial para la gestión integral de residuos”.
La entidad señaló que se impusieron topes y montos sin tomar en cuenta un factor vital reconocido por todas las economías del mundo: el volumen de residuos generados.
Asimismo, sostuvo que dichos topes se establecieron sin considerar otros factores esenciales, especialmente por la naturaleza del país: la actividad de la empresa y su rentabilidad.
ANJE agregó que, sumado a todo lo anterior, los legisladores aprobaron de urgencia la modificación de esta ley en un momento particularmente crítico: a solo 14 días de haberse aprobado una reforma fiscal, generando un impacto dual de presiones fiscales y regulatorias sobre las empresas.
El gremio afirmó que la acumulación de cargas regulatorias, sin agotar las formas ni socializar las evaluaciones realizadas, no solo es cuestionable, sino que envía un mensaje desalentador para una generación a la que le importa tanto el fondo como la forma de hacer políticas públicas.
ANJE reiteró que reconoce el actual contexto internacional y las motivaciones que impulsan al Gobierno a realizar ajustes con fines recaudatorios. Sin embargo, advirtió que el deterioro de la confianza institucional también genera pérdidas de oportunidad: menos emprendimientos, menos inversión y menos formalidad.
“Y ese no puede ser el resultado de una reforma que dice perseguir sostenibilidad”, concluyó la organización.
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